Por. La Prensa Gráfica.
Tamara Taraciuk ha sido una de las figuras internacionales, al frente de Human Rights Watch (HWR), que más ha vigilado la instauración del régimen de excepción en El Salvador desde hace un año.
En esta charla con LA PRENSA GRÁFICA, la directora para las Américas, reitera las críticas a una medida que considera como un altísimo costo para la democracia salvadoreña. Describe, además, lo que llama «violaciones generalizadas de derechos humanos». Y aunque reconoce que el régimen ha reducido los homicidios, tiene serias dudas de si será sostenible en el tiempo.
Taraciuk, además, pide una presión multilateral para que la administración de Bukele respete los derechos humanos en El Salvador, pues cataloga que la comunidad internacional ha tenido una respuesta «tibia».
Ella insiste en pedir un diálogo con el gobierno y hace, además, énfasis en que han solicitado a las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspender los préstamos a instituciones salvadoreñas y establecer antes condiciones concretas de derechos humanos.
¿Cuál es la valoración que hace HRW a un año de instaurado el régimen de excepción en El Salvador?
El régimen de excepción ha sido una respuesta extremadamente punitiva a un problema crónico, muy grave, como lo es la violencia de las pandillas, con un altísimo costo para la democracia salvadoreña. La medida, inicialmente adoptada por 30 días, ha resultado en más de 65,000 detenciones, incluyendo cientos de niños y niñas, principalmente de comunidades de bajos ingresos.
Hemos documentado que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desaparición forzada, torturas y otros malos tratos en prisión y graves violaciones del debido proceso. Miles de salvadoreños sin conexiones con las pandillas han sido detenidos en operativos de las fuerzas de seguridad. Más de 120 personas han muerto bajo custodia policial, en circunstancias que no se han investigado adecuadamente. Asimismo, se han agravado las condiciones de detención como la sobrepoblación carcelaria y la falta de atención médica adecuada.
El régimen de excepción parece haber reducido significativamente el control territorial de las pandillas, así como el número de homicidios y de extorsiones, una violencia que afectó la vida de los salvadoreños durante décadas. Pero existen serias dudas de qué tan sostenible será esta reducción y cuál es el costo de estas políticas. En el pasado, medidas de mano dura han permitido que las cárceles se conviertan en centros de reclutamiento para las pandillas, lo cual ha engrosado sus números. De la misma manera, nos preocupa cuál será el efecto de estas medidas sobre la estructura de los grupos criminales a largo plazo, y del poder que han ganado las fuerzas de seguridad durante la administración de Bukele.
En lugar de utilizar su popularidad para avanzar con políticas que busquen soluciones de fondo a problemas estructurales que tienen entre sus causas la pobreza, la falta de oportunidades, un sistema de justicia débil, Bukele ha utilizado la crisis de seguridad en El Salvador como si fuera su programa de campaña para afianzarse en el poder y debilitar las salvaguardas democráticas en el país.
¿Qué significa para la vigilancia de los derechos humanos en la región que el régimen de excepción, instaurado por Bukele, sea una estrategia que ha traspasado las fronteras salvadoreñas?
Creo que es un claro indicio de que el tema de la seguridad pública es una de las mayores preocupaciones de las sociedades en la región. Sin dudas, algunos gobernantes de América Latina, que también están buscando cómo dar respuestas adecuadas a distintos problemas de seguridad pública, miran con especial interés lo que está haciendo Bukele a la luz de su popularidad y los resultados de sus políticas de seguridad.
Además, Bukele ha hecho grandes esfuerzos por ‘exportar’ su modelo de seguridad utilizando su aparato de propaganda, y esa estrategia ha resonado en ciertos sectores con mucha contundencia. La puesta en escena de la inauguración de la mega cárcel en Tecoluca, el video cinematográfico que muestra el traslado de los detenidos, al igual que las imágenes que circulan en redes sociales sobre las detenciones, todos estos elementos forman parte de esa construcción de la narrativa del gobierno que hace énfasis en lo punitivo, en deshumanizar a las personas y a sus familias y en mostrar a Bukele como un líder fuerte y efectivo. Es su principal capital político y contribuye a su popularidad en El Salvador y en el exterior.
Lo que a mí me preocupa es la facilidad con la que esta narrativa está permeando entre gobernantes, periodistas y la sociedad en varios países latinoamericanos. Resulta alarmante que el hartazgo que genera la situación de la violencia y la inseguridad vuelva atractivo este tipo de medidas cortoplacistas como las implementadas por Bukele. Es fundamental trasmitir el mensaje de que, cuando se desmorona el Estado de derecho, como ocurre en El Salvador, y no hay reglas que se apliquen a todos por igual, cualquiera de nosotros puede terminar siendo víctimas de abusos. Me pregunto si toda esa gente pensaría lo mismo de Bukele y sus políticas si fueran ellos o sus familias los que sufren abusos y no tienen a donde recurrir.
¿Considera que la comunidad internacional está reaccionando adecuadamente a la política de seguridad del presidente Bukele?
La respuesta de la comunidad internacional ha sido hasta ahora tibia y descoordinada.
Estados Unidos ha mantenido una relación tensa con el gobierno, condenando ciertos atropellos institucionales y mediante algunas sanciones a funcionarios de gobierno por socavar la democracia y por actos de corrupción. Pero estas condenas no se han trasladado a la política de seguridad del gobierno ni a los abusos que han resultado como consecuencia.
Otros actores, como la Unión Europea, han permanecido mayormente en silencio, con algunas excepciones importantes como, por ejemplo, en el caso del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que suponía limitar el trabajo de la sociedad civil y el periodismo independiente. Este proyecto no fue aprobado principalmente gracias a la presión conjunta de Estados Unidos, la Unión Europea y especialmente de Alemania, que amenazó con retirar el apoyo financiero a proyectos humanitarios en el país.
En América Latina ha habido ciertos posicionamientos relativamente contundentes como el del presidente de Chile, Boric, o del presidente Petro en Colombia, pero no se han traducido en una presión concertada regional para evitar mayores retrocesos democráticos en El Salvador.
Para que sea efectiva, la presión debe ser multilateral y debe estar enfocada en promover, en El Salvador y en cada país, estrategias que respeten los derechos humanos para abordar las causas estructurales de la criminalidad, incluyendo los altos niveles de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos centrados en los crímenes más violentos, especialmente aquellos cometidos por líderes de las pandillas o por perpetradores crónicos.
¿Qué respuesta esperarían ustedes de parte del gobierno de Bukele ante los muchos cuestionamientos de organismos de derechos humanos a su política antipandillas? ¿Cómo responde HRW a la crítica de que no han estado en defensa de las víctimas de las pandillas?
A tu última pregunta, diría derechamente que es mentira. Es solo cuestión de hacer una búsqueda en línea y verán múltiples pronunciamientos cuestionando los abusos de las pandillas, inclusive un largo informe publicado en 2016.
Nos gustaría tener la oportunidad de dialogar con el gobierno, compartirle los hallazgos de nuestras investigaciones. Hemos solicitado reuniones con el presidente y otros funcionarios en múltiples ocasiones, y seguimos a disposición para fijarla.
En vez de ello, el gobierno y sus seguidores se han dedicado a atacarnos con la misma retórica hostil que ha empleado contra periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil desde que asumió en 2019. Esto es parte de lo que define a Bukele como un líder autoritario: su intolerancia a la crítica, su intento por deslegitimar cualquier versión distinta a su controlada narrativa oficial.
¿Qué opinión le merece que en medio de esta cuestionada política de seguridad, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continúe otorgando recursos en calidad de préstamos a la administración Bukele?
Nos preocupa muchísimo que el BCIE pueda estar contribuyendo a los abusos mediante al financiamiento de instituciones relacionadas con la seguridad. El banco es una de las principales instituciones financieras internacionales que ha otorgado créditos a instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo a la Fiscalía General de la República, el sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa. Le hemos solicitado a las autoridades del Banco suspender los préstamos y establecer condiciones concretas de derechos humanos a los créditos que financian estas entidades.