Ante el actuar del Congreso Nacional en la medianoche del día miércoles 31 de agosto del presente año y la falta de consensos para la elección de él o la nueva fiscal general y adjunto del Ministerio Público, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), como una coalición conformada por organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, jóvenes, mujeres organizadas, organizaciones de derechos humanos, sector privado, entre otras, expresa lo
siguiente:
1. Lamentamos la falta de consensos de la clase politica de cara a la elección del fiscal general y fiscal adjunto, siendo el Congreso Nacional el único responsable de elegir las nuevas autoridades que liderarán el Ministerio Público. Confiamos que, pese a las diferentes opiniones, exista madurez política desde las distintas bancadas para que lo más pronto posible puedan proponer una fórmula que se derive de los 5 candidatos remitidos por la Junta Proponente, recordando que la elección de él o la fiscal general y adjunto no debe convertirse en la búsqueda de un representante de los partidos políticos, si no, en la elección de la persona idónea para garantizar el acceso a la justicia de los y las hondureñas.
2. Instamos a la clase política y a las autoridades que por mandato de ley están al frente del Ministerio Público a mantener el funcionamiento, estabilidad y gobernabilidad en la institución, a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la Ley del Ministerio Público. Al ser esta una institución constitucional de servicio continuo, su independencia es vital para el respeto al Estado de derecho y salvaguarda de los intereses de la sociedad, en la búsqueda del acceso a la justicia y un combate frontal a la corrupción y criminalidad de una forma integral. Los retrasos en la elección de él o la nueva fiscal general y adjunta no deben debilitar la acción penal, postergar y retrasar las acciones para aplicar las leyes, o debilitar la institucionalidad del Ministerio Público.
3. Instamos a los demás poderes del Estado a mantenerse al margen del proceso de elección que por mandato constitucional le corresponde al Congreso Nacional, basados en el principio de separación de poderes, no injerencia y de no subordinación. El funcionamiento de una verdadera República depende de que sus instituciones se limiten a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere. Cualquier injerencia de otro poder en la designación de las autoridades del Ministerio Público enviará un mensaje negativo, que no contribuirá ni al clima en el que se desarrolla el nombramiento en el Poder Legislativo, sino también para la legitimidad y confianza que requerirá el próximo fiscal general para su gestión al frente del Ministerio Público durante cinco años.