Para que la UFERCO tenga acción penal sin autorización del MP se tendrá que reformar la Constitución

Con una dedicatoria posteada el Presidente Luis Redondo presentó decreto para que la (UFERCO) tenga acción penal sin autorización del Ministerio Público, en el calor de la campaña política pasada se hicieron muchas promesas que obligatoriamente ameritan una reforma Constitucional, a los mismos casos se suma la acción penal prometida para que la ejerciera el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó hace unas horas un proyecto de decreto con el que se supone se fortalecerá el sistema de justicia por medio de un cambio de categoría en el ejercicio de la acción penal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), sin agregar los artículos Constitucionales que deben reformarse.

En el proyecto de decreto, se autoriza a la UFERCO dependencia del Ministerio Público para que ejerza la acción penal de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin la aprobación previa del Fiscal General de la República.

El Artículo 232 de la Constitución de La República dice que, El Ministerio Público es el organismo profesional especializado, responsable de la presentación, defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectaria. El Ministerio Publico goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria, al efecto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes. El Poder Ejecutivo acreditará trimestralmente anticipado, las partidas presupuestarias correspondientes. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que corresponda en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense.

Redondo, detalló que la UFERCO requerirá sin restricción alguna la documentación que necesite, por lo que aquellas dependencias solicitadas que se nieguen a entregar información, serán multadas por 200 salarios mínimos e incurrirá en responsabilidad penal. 

“El personal asignado a la UFERCO gozará de inamovilidad de sus cargos, mientras dure la vigencia de este decreto, no podrán ser objeto de sanciones como consecuencia de las investigaciones que realicen”, expuso el titular de la Cámara Legislativa. 

El proyecto de decreto presentado por el congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), indica que la autorización de acción penal en casos de corrupción por parte de la UFERCO, durará hasta que se nombre en el año 2023 el nuevo Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto.