La situación de los derechos humanos en Honduras era problemática debido al prolongado estado de excepción (estado de emergencia) y al aumento de la violencia de género. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos durante registros domiciliarios sin orden judicial cometidos en el contexto del estado de excepción. La violencia y la extorsión persistieron en niveles elevados, debido a la competencia entre las pandillas. Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegítimos; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios por parte de elementos criminales; grave corrupción gubernamental; violencia generalizada de género, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio; y delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales. El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos o involucrado en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas. Los grupos criminales, incluidas bandas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron importantes autores de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales y abogados. , miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad era generalizada. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUIDA PARA LOS MIEMBROS DE LA PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN La ley preveía la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, con algunas restricciones, y el gobierno en general respetó este derecho. Aunque muchos medios de prensa estaban políticamente alineados, la prensa y las normas democráticas prevalecientes se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios. Libertad de expresión: Altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticos hacia el gobierno. Grupos de la sociedad civil informaron que estas declaraciones tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión. Violencia y acoso: Periodistas y otros miembros de la sociedad civil informaron que se autocensuraron por temor a críticas, acoso y represalias por parte del gobierno y sus partidarios. Otros denunciaron actos directos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios o simpatizantes del gobierno por criticar al gobierno. Por ejemplo, agentes de la Policía Nacional intimidaron al periodista Orlín Martínez, alegando que era informante de grupos criminales. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron que el gobierno no investigara adecuadamente las amenazas y los incidentes de violencia. Censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea: Los miembros de los medios y las ONG declararon que la prensa se autocensuró por temor a represalias por parte de grupos criminales, organizaciones de narcotráfico o críticas de funcionarios gubernamentales. Los medios también se autocensuraron para evitar perder lucrativos contratos publicitarios con el gobierno. Libertad de reunión pacífica El 9 de mayo, los ciudadanos marcharon en una protesta pacífica en la ciudad sureña de Choluteca contra las reformas a la ley tributaria propuestas por el partido gobernante LIBRE. En respuesta, el gobierno de Castro convocó una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, condenó la protesta y ordenó una investigación, alegando que los manifestantes habían sido coaccionados por dueños de negocios para participar en la protesta. El gobierno prometió procesar a los involucrados, basándose en la acusación de que los organizadores de la marcha obligaron a los manifestantes a participar. Hasta septiembre, la policía y otros funcionarios del sector judicial aún no habían identificado públicamente a ninguno de los líderes de la protesta como habiendo cometido un delito. En otro caso, en julio, partidarios del partido gobernante persiguieron a manifestantes pacíficos y les arrojaron objetos para perturbar su manifestación. Según se informa, el gobierno también utilizó su control sobre el Instituto Hondureño de Transporte para hacer cumplir arbitrariamente las reglas de viajes en autobuses interurbanos en agosto para reducir el número de manifestantes en otra protesta encabezada por la oposición en Tegucigalpa. ESTADO Y TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS (PDI) El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos estimó que entre 2004 y 2018 (datos más recientes disponibles), había aproximadamente 247.000 desplazados internos debido a la violencia en el país. La actividad de las pandillas, incluidos los ataques y la explotación de no miembros, fue el principal contribuyente al desplazamiento interno relacionado con la violencia. Los datos oficiales sobre el desplazamiento forzado, especialmente el desplazamiento debido a la violencia, fueron limitados en parte porque las pandillas controlaban muchos de los vecindarios donde las personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y comunidades. Las ONG informaron que los desplazados internos corrían un mayor riesgo de victimización y explotación por parte de grupos criminales. El gobierno mantuvo la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia y creó la Dirección de Protección de las Personas Desplazadas Internas por la Violencia dentro del Ministerio de Derechos Humanos. A pesar de los avances graduales, la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de los desplazados internos era limitada. En marzo, el presidente Castro promulgó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de los Desplazados Internos, creada para proporcionar un marco legal para proteger los derechos de los desplazados internos. Libertad para participar en el proceso político La ley otorgaba a los ciudadanos el derecho a elegir su gobierno en elecciones periódicas, libres y justas, celebradas mediante votación secreta y basadas en un sufragio casi universal e igualitario. La ley no permitía votar a los miembros activos de las fuerzas de seguridad militares o civiles. La constitución prohibía al clero practicante postularse para cargos públicos o participar en campañas políticas. ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA Abusos o irregularidades en elecciones recientes: Las elecciones nacionales más recientes, celebradas en noviembre de 2021, se consideraron en general justas y libres de abusos e irregularidades. Algunas ONG y partidos políticos informaron sobre irregularidades, pero los observadores internacionales informaron que no fueron sistemáticas ni lo suficientemente generalizadas como para afectar el resultado de las elecciones presidenciales. Corrupción en el gobierno La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Corrupción: El 23 de mayo, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó haber recibido denuncias oficiales presentadas contra la exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámites irregulares de adopción y presunto cobro de sobornos. . El 26 de mayo, el presidente Castro aceptó su renuncia. Para obtener información adicional sobre la corrupción en el país, consulte la Declaración sobre el clima de inversión del Departamento de Estado para el país y el Informe sobre la estrategia internacional de control de narcóticos del Departamento de Estado, que incluye información sobre delitos financieros.