por LPG
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedica un capítulo a la situación de la libertad de expresión en El Salvador y señala varias denuncias recibidas por parte de periodistas y medios de comunicación.
Según sus testimonios, han experimentado bloqueos o intimidaciones del Gobierno de turno. Concluye con una recomendación en la que solicita al Estado salvadoreño autorizar una visita del relator Especial para la Libertad de Expresión, para evaluar la situación.
«La denunciada hostilidad oficial incluye mensajes intimidantes y descalificación a su trabajo, acusando a ciertos periodistas, por ejemplo, de propagar ‘fake news’, de mercenarios y plumas pagadas, también amplificando la difusión de comentarios de usuarios y usuarias que critican a periodistas en redes sociales», menciona el informe.
Ante estos señalamientos, el Estado salvadoreño respondió a la CIDH en sus observaciones al proyecto de informe, que están «invirtiendo» en la difusión de noticias a través de medios públicos.
«El fortalecimiento de los medios estatales y su ejercicio periodístico contribuye a brindar a la población una variedad de espacios informativos, públicos y privados, con diferentes posiciones y puntos de vista», fue la respuesta del Estado.
Sin embargo, la CIDH señala que ha recibido denuncias de que el Gobierno ha buscado acaparar los espacios informativos con medios privados administrados por el Estado. A la vez, menciona que ha sido informada de adjudicación de pauta de forma opaca.
«La Relatoría Especial ha sido informada sobre el presunto otorgamiento de pauta publicitaria estatal de forma poco transparente y bajo una lógica de premio o castigo según el apego o distancia de la línea editorial del medio a la narrativa oficial», se expresa en el informe
En relación a esto, la Comisión recomienda al país garantizar que la publicidad oficial y la asignación de frecuencias estén orientadas por criterios democráticos y conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
«Igualmente, incorporar medidas para asegurar que los medios de comunicación estatal operen bajo estándares internacionales sobre medios públicos», dice.
Además, la CIDH señala un retroceso en el acceso a la información pública en el país. Ha recibido denuncias de medios de comunicación y ciudadanos que han sido privados de documentos que por ley deberían ser públicos.
«La CIDH ha recibido denuncias que alegan sobre una estrategia deliberada de opacidad de parte de las autoridades gubernamentales, dirigida a disminuir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del Estado».