CIDH insta a garantizar la vida e integridad de las personas detenidas en Nicaragua arbitrariamente y a su inmediata liberación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua, instan a garantizar su vida e integridad, así como a liberarlas de manera inmediata.

Al 30 de abril de 2024, al menos 128 personas se encuentran privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada desde 2018, según información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua (colectivo integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil). De ellas, más de 30 personas cuentan con medidas cautelares o provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Al respecto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como «presas políticas».

Según se indicó, este contexto y el prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física.

En el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) «La Esperanza», las condiciones de las mujeres serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas. Por ejemplo, Fátima Mejía Ruiz no recibió atención en salud post natal, tras haber dado a luz previamente a su detención.

Persiste un patrón de restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable que mantiene en zozobra e incertidumbre a sus familias. Entre otros casos, se encuentran Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, así como las personas integrantes de la iglesia evangélica «Puerta de la Montaña», detenidas en diciembre de 2023, de quienes se desconoce su condición de salud.

Asimismo, preocupa a la CIDH y a su RELE la ausencia de información oficial sobre los paraderos de Freddy Quezada, Carlos Bojorge y Brooklyn Rivera desde sus detenciones, lo que podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional. La CIDH y la RELE urgen al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH.

Persisten afectaciones al acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes. Entre el conjunto de afectaciones registradas están la restricción del acceso a expedientes, la denegación de la tramitación de recursos, el hostigamiento y amenazas contra representantes legales, la realización de procesos judiciales de manera virtual y sin presencia de la defensa legal y, en general, la instrumentalización del derecho penal para criminalizar el ejercicio pleno del derecho a libertad de religión, de reunión, de expresión y aquellos que hacen parte del espacio cívico.

En este contexto, en 2024, la RELE ha documentado allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias contra de periodistas, artistas y académicos. El 19 de mayo de 2024, recibió información sobre la detención del periodista Orlando Chávez Esquivel, director del noticiero El Metropolitano, en León, junto con sus hermanos, quienes fueron liberados tras 20 horas de detención. Ese mismo día, el profesor y escritor Pedro Alfonso Morales Ruiz fue detenido en Telica como represalia por su participación en la presentación de un libro. El periodista nicaragüense Víctor Ticay ha permanecido más de un año en prisión tras ser condenado por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, luego de transmitir una celebración religiosa.

La CIDH y la RELE urgen al Estado a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018. Asimismo, instan a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.