Fuente. Agencias, WOLA, Prensa Gráfica, Confidencial, Everand, infobae.
“Un segundo gobierno de Nayib Bukele, a partir del primero de junio de 2024, sería inconstitucional, ilegítimo e ilegal. No debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países”, sostuvo Luis Parada un aspirante a la presidencia de la República de El Salvador.
Dardo Justino Rodríguez un editorialista del Confidencial de Nicaragua escribe: Inexorablemente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina con absoluta calma hacia su inconstitucional reelección. Decimos inexorablemente porque controla todo el aparato estatal, incluyendo los poderes legislativo y judicial, y, además, mediante una buena campaña en redes sociales, sigue convenciendo a buena parte de la población de que es un gran presidente.
Enrique Anaya un reconocido abogado constitucionalista de El Salvador, afirmó que «la Constitución no prevé licencias para solicitar permisos para poderse someter a una campaña para la reelección, simple y sencillamente porque la reelección presidencial inmediata está prohibida, así que todo lo que se haga alrededor de esa licencia es absolutamente ilegal».
Respecto al tema de la reelección de Bukele, Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, afirmó que «los diputados oficialistas y aliados no conocen la Constitución ni las leyes. Solo conocen una ley: lo que les ordenen desde CAPRES (Casa Presidencial). La Constitución prohíbe la reelección presidencial en al menos 6 artículos. Aunque los abogados que usurpan la Sala de lo Constitucional digan lo contrario, la Constitución no contempla procedimientos para violar uno de sus principios fundamentales, que es la alternancia en el poder».
Marcela Villatoro, diputada del partido ARENA, señaló que «el procedimiento fue totalmente inconstitucional comenzando porque la Constitución no tiene regulada la figura del delegado presidencial en caso de una reelección, porque la reelección no está permitida en la Constitución, seis artículos lo dicen y también uno de ellos habla de lo que le pasa a la persona que incita a la reelección, el mismo Bukele antes decía que no podía haber reelección y hay evidencia de sus palabras».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador impuesta por Bukele, emitió un fallo en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dando luz verde al actual presidente del país Nayib Bukele a un posible segundo mandato.
En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir «que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».
Expertos señalan que la Constitución salvadoreña no habla sobre la reelección únicamente en el artículo 152, sino que hay otros cuatro artículos que hacen referencia a la forma y sistema de gobierno. Estos artículos han sido ignorados por el presidente salvadoreño, señala la abogada Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Desde que asumió la Presidencia y especialmente durante los últimos seis meses, Bukele y la Asamblea Nacional dominada por sus aliados han tomado una serie de medidas para debilitar el sistema de control y equilibrio, quebrantar el Estado de derecho, y cooptar el poder judicial del país, consolidando el poder en el Ejecutivo.
la Asamblea Nacional encabezada por el partido Nuevas Ideas de Bukele reemplazó ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. A través del fallo actual, esta Sala Constitucional recién formada viola la Constitución, la cual establece que cualquier individuo que se haya desempeñado en la Presidencia por más de seis meses durante el periodo inmediatamente anterior tendrá prohibido postularse para la reelección consecutiva, así como que el período presidencial no puede exceder los cinco años. Desde que los aliados de Bukele ganaron la mayoría legislativa y asumieron el cargo el 1 de mayo, los esfuerzos para acabar con la independencia judicial han aumentado vertiginosamente.