Hace unos meses los diputados del Partido Libertad y Refundación LIBRE, los congresistas liberales, y los parlamentarios de la bancada del Partido Salvador de Honduras PSH, aprobaron la Ley del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos que, autoriza invertir unos 600 millones de lempiras, en pequeñas obras de infraestructura, pero sin la fiscalización del Estado.
La ley del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos propone importantes desembolsos supuestamente para las 298 municipalidades, con la aclaración que los fondos serán utilizados en la reparación y construcción de tramos carreteros, huellas y cajas puentes, destruidos por los huracanes en ciertas zonas y en otros sectores esas obras se convierten en tareas necesarias para facilitar la producción en Honduras.
Cada municipalidad recibirá 2 millones de lempiras, es decir, aproximadamente 600 millones de lempiras en total, para ser invertidos en obras comunitarias, a discreción y sin supervisión por parte del Tribunal Superior de Cuentas TSC, o cualquier otro organismo fiscalizador de los fondos públicos, al mismo tiempo se desconoce si habrá licitaciones o sorteos entre empresas ofertantes, calificadas y registradas para hacer dichas obras, porque la ley no lo tipifica.
El programa busca el fortalecimiento de la red vial productiva, incorporando políticas de mitigación, que permitan que los sectores productivos puedan continuar con sus procesos de producción y distribución durante todo el año. Atendiendo la formulación, construcción y atención inmediata de la infraestructura de zonas focalizadas, promoviendo el fortalecimiento humano, el desarrollo de la economía local, generación de trabajo, y la continuidad de los servicios, entre otros.
Se conoció que, con los recursos desembolsados, las alcaldías podrán adquirir maquinaria, vehículos e indumentaria necesaria para la construcción, rehabilitación, reparación, mantenimiento, monitoreo y supervisión de la red vial del país, en los límites municipales.
De igual manera queda contemplado que podrán crear alianzas estratégicas, con Instituciones Gubernamentales, No Gubernamentales, Nacionales y Organismos Internacionales, que consideren pertinentes para el mejor desarrollo del programa.
El Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos estará adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). explica la Ley.
Esta ley es parte del Acuerdo Bicentenario que va de la mano con el Plan de Gobierno para Refundar Honduras, propone mejorar la calidad de la infraestructura y red vial nacional al implementar un Plan Nacional de Carreteras y Caminos.
El diputado Luis Redondo quien encabeza la Junta Directiva del Congreso Nacional, no hizo ningún señalamiento sobre la primera piñata aprobada en el Poder Legislativo por los diputados de LIBRE del PSH, Demócratas Cristianos DC y los Liberales afines.
Días después, el diputado Luis Redondo juró por su vida que la ley que creo el cuestionado Fondo Departamental enviada en su momento por el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), reformada y contenida el decreto 116-2019, sería derogada antes de aprobarse la ley del Presupuesto del 2023.
“Lo que hay es una voluntad para derogar el Decreto 116 donde está creado a través de una ley el Fondo Departamental. Los rumores surgen porque se viene la elección de la Corte Suprema y ustedes van a escuchar cualquier cantidad de cosas que no son ciertas”, señalaba Redondo.
En esa misma ocasión, Luis Redondo, reveló que, la agenda del Congreso Nacional es hecha por él y que no existía ninguna posibilidad de que se creara el denominado “Fondo Departamental o Fondo Social”.
Horas después el diputado Carlos Zelaya Rosales, y el asesor presidencial Manuel Zelaya anunciaban la creación del fondo social comunitario, que en esencia reemplazaría según Carlos Zelaya al famoso y corrupto fondo departamental, calificado así por Redondo en tiempo de campaña política, pero que mantendría el mismo objetivo: que los diputados manejen fondos públicos a discreción y sin la estricta rendición de cuentas.
Antes de la navidad y después de haberlo negado tres veces, Redondo terminó aprobando otra «mini piñata» el «bono navideño» de 100 mil lempiras que fue consensuado, firmado y entregado por uno de los asistentes del diputado Luis Redondo y recibido por los diputados de LIBRE, PSH, y Liberales. Lo que Redondo y su vicepresidente Hugo Noé Pino calificaron como una «fake news», se convirtió en «authentic information» como por arte de magia legislativa.
Quien reveló, que el subsidio fue una solicitud de toda la bancada del partido Libertad y Refundación LIBRE fue el secretario del Congreso Nacional el diputado Carlos Zelaya, con la venia de los 50 miembros de la bancada del Partido de Gobierno, quien al mismo tiempo explicaba que solo se daría a los que lo pidieran.
Zelaya Rosales sin titubear dijo ese día que contaban con el acompañamiento del titular del Legislativo, Luis Redondo, y agregó que les había sugerido que tenía que ser invertido en programas sociales.
El jueves pasado 12/1/23 Luis Redondo, aprobó el Presupuesto General de la República 2023 por un monto de 392 mil 519 millones 733 mil 991 lempiras, mismo que representa la principal herramienta del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para continuar su trabajo de refundar el país.
Muchos diputados se opusieron a la aprobación de la Ley General del Presupuesto por considerarlo inconsistente con la realidad nacional, y porque no garantiza los derechos fundamentales de los hondureños.
Ese día y con la mayoría simple el diputado Luis Redondo sometió a discusión sin oposición y a votación un artículo que en el silencio de la noche garantizaba la aprobación de una partida presupuestaria por 950 millones de lempiras para ejecutar obras y proyectos sociales que serán gestionados por los diputados para darle vida nueva a otro Fondo Departamental disfrazado de piñata redonda y bien cargada con regalos de año nuevo.
En el Artículo 292 del Presupuesto se autoriza una asignación presupuestaria de hasta L950,000,000.00 (Novecientos Cincuenta Millones de Lempiras Exactos) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos.
Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito). Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa que regula el Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”, dice textualmente uno de los apartados del nuevo Presupuesto denunciado por los congresistas.
Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito). Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa que regula el Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”, dice textualmente uno de los apartados del nuevo Presupuesto.
El diputado Luis Redondo planea sostener durante el 2023, 2024, 2025 y 2026 que no volverá el fondo departamental.