La Corte de Apelaciones Natural del Poder Judicial de Honduras ratificó la libertad condicional a 11 acusados en un juicio incoado por la UFERCO, por otro lado le aclaró al ente acusador que los medios de prensa y personas naturales (periodistas) que fueron señalados en el expediente judicial “no deben ser objeto de reproche penal, ni tienen relación directa ni indirecta” en el referido caso.
Los magistrados que firmaron el fallo son Rolando Argueta, presidente de la CSJ, Edgardo Cáceres Castellanos y Alma Guzmán.
En el documento acusatorio presentado por la UFERCO que dirige el fiscal Luis Javier Santos, además de mencionarse a las 11 personas perseguidas judicialmente, se enumeró una serie de empresas de comunicación, personas naturales todas periodistas y comunicadores, y la cantidad de dinero que recibieron por los servicios de publicidad y profesionales ofrecidos, consultorías y asesorías.
El documento de acusación fue filtrado desde las oficinas de la UFERCO, difundido desde el mismo sitio a una red social de un diputado de LIBRE y a activistas de la misma organización, publicado en las redes sociales y posteriormente en diversos medios de prensa convocados, que esperaban en la Corte Suprema de Justicia el día que llegó el Fiscal Santos a presentar el caso y a solicitar ordenes de captura, lo que derivó en una cadena de odio y estigmatización de las personas señaladas y sus respectivas familias.
Los Magistrados exponen «debemos señalar que los medios de comunicación terciarios u otras personas naturales que se dedican a la difusión de la publicidad no tienen dominio de la acción sobre el concierto previo que fue realizado por la imputada con los funcionarios, no tienen una relación directa ni indirecta sobre el tipo de contratación que se elaboró por los funcionarios públicos aludidos”.
Por ello, establecen los magistrados, los medios de comunicación y las personas naturales no tenían dominio de ejecución sobre la actividad y por lo tanto los mismos “no deben ser objeto de reproche penal, frente al contubernio entre servidores estatales y la empresa AID”.
El Colegio de Periodistas de Honduras después de conocer el fallo sobre el fallo judicial sostuvieron que la acción no era jurídica, pero sí política y lo que se pretende es silenciar a los periodistas usando una Unidad Fiscal como brazo intimidante.