La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre abogó hoy por las más de 247,000 personas que han sido desplazadas por la violencia en Honduras, desde el año 2004, y urgió, al Estado hondureño, la aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección para las Personas Desplazadas.
Dicha solicitud fue hecha, por la Defensora del Pueblo, a raíz de las constantes denuncias atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que son prueba fehaciente que el fenómeno del desplazamiento forzado va en aumento cada año en el país y, es deber del Estado hondureño prevenirlo y evitarlo.
Un informe, realizado por el CONADEH, sobre la Situación del Desplazamiento Forzado en Honduras, entre julio de 2016 a julio de 2021 (5 años) revela que este ente estatal atendió un total de 52,043 quejas, a nivel nacional, de las cuales 4,711, que representan el 9%, están relacionadas a situaciones de desplazamiento interno.
El informe detalla que las personas afectadas suman unas 11,015, de las cuales 5,823 que representan el 52.8% manifestaron una situación de riesgo de desplazamiento, mientras que las restantes 5,162 admitieron haberse desplazado forzadamente.
Los principales hechos violentos que causaron los desplazamientos o riesgos de desplazamiento, entre 2016 y 2021, fueron las amenazas, la extorsión y asesinatos, según el documento.
Los 18 departamentos del país, son escenarios de desplazamiento forzado
La Ombusdperson explicó que el fenómeno del desplazamiento forzado interno tiene como escenario los 18 departamentos del país, sin embargo, Francisco Morazán con 1,864 casos y Cortés con 736 representan el 55%, donde las victimas presentaron la mayor cantidad de quejas.
Durante esos 5 años, Las oficinas del CONADEH, diseminadas en los 18 departamentos del país, atendieron 2,101 quejas individuales, es decir, que el afectado era una sola persona y 2,606 que representa el 55.3% de las quejas de forma grupal, ya que los hechos de violencia se dirigen en contra de la pareja, hijos o más personas que conviven con la persona denunciante.
El informe señala que, al menos 14 sectores, han sido denunciados de ser los responsables que una persona o un grupo familiar esté desplazado o en riesgo de desplazamiento forzado en Honduras.
La titular del CONADEH considera que, ante estos hechos relevantes, se debe priorizar en la agenda legislativa la discusión y aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
El Estado hondureño tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos, una realidad que se vive en el país y que atenta contra la dignidad de la persona humana, expresó.
En el 2013, Honduras reconoció, el desplazamiento forzado interno generado por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada que crea situaciones y condiciones atentatorias contra la dignidad humana y, en especial contra la vida, integridad, salud, libertad y seguridad de las personas.
En el 2015, el CONADEH y ACNUR firmaron una Carta de Entendimiento, para ejecutar un Proyecto de monitoreo y prevención del desplazamiento forzado interno en zonas de mayor ocurrencia, con énfasis en los grupos de personas en mayor condición de vulnerabilidad.
En marzo del 2019, la Secretaria de Derechos Humanos con el acompañamiento del CONADEH y diversas organizaciones presentó, ante el Congreso Nacional, una iniciativa de Ley encaminada a prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas forzadamente en Honduras.
Un reporte de tendencias globales del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), revela que Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo. Solo en el 2021, alrededor de 59,800 hondureños solicitaron refugio en diferentes países, que lo ubica en el sexto lugar solo superado por Afganistán, Nicaragua, Siria, Venezuela y Haití.