Carta para el Fiscal General de Honduras «El silencio institucional ante los casos de alto impacto no fortalece la democracia, alimenta la impunidad, la demora no es neutral, la inacción también tiene consecuencias»

Autor. Abogada Marcela Caro

El Fiscal General Pablo Emilio Reyes Theodore tiene quien le escriba

Antes que cualquier otra cosa, recuerde que el cargo que hoy ocupa no le pertenece a usted, le pertenece al pueblo hondureño. Usted no juró lealtad a un partido político, a un gobierno o a intereses particulares. Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Honduras atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia democrática. La ciudadanía observa con indignación cómo continúan acumulándose denuncias, expedientes de alto impacto relacionados con la administración anterior, incluyendo vínculos con estructuras del crimen organizado y el narcotráfico, el caso SEDESOL, las actuaciones de la denominada ilegal Comisión Permanente presidida por Luis Redondo, así como la participación de actores políticos y civiles en hechos que incluyeron disturbios, amenazas, agresiones físicas y acciones orientadas a socavar la institucionalidad democrática.

Cada uno de estos casos exige acciones, independientes y apegadas a la ley. El silencio institucional no fortalece la democracia, alimenta la impunidad. La demora no es neutral. La inacción también tiene consecuencias.

Si usted posee la independencia, la determinación y el compromiso que exige el cargo, este es el momento de demostrarlo con hechos. Pero si considera que no cuenta con la voluntad o la independencia necesarias para ejercer plenamente las funciones que la Constitución le confiere, entonces tenga la dignidad institucional de dar un paso al costado, que, de eso, ya tuvimos demasiado.

Usted aún tiene la oportunidad de definir cómo será recordado: como el Fiscal General que enfrentó la impunidad con valentía o como otro funcionario que permitió que la historia pasara frente a sus ojos sin actuar.

El 81 % de los hondureños, no estamos de brazos cruzados, exigimos JUSTICIA, ese clamor no puede seguir siendo ignorado. La legitimidad del Ministerio Público se mide por su capacidad de investigar, acusar y llevar ante los tribunales a quien resulte responsable, sin importar su apellido, su cargo o su influencia.

Cada día sin resultados debilita la confianza ciudadana, erosiona el Estado de derecho y sigue enviando un mensaje devastador que en Honduras existen ciudadanos por encima de la ley. Ese es un mensaje que una democracia no puede permitirse.

Honduras es de Cristo