CONADEH advierte: En Honduras se está afectando el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos por la crisis en el CNE

  • La persistencia de los factores que originan la crisis en el CNE, impactaría directamente en el cumplimiento del cronograma electoral,  lo que estaría repercutiendo, directamente, en la organización y celebración oportuna de las Elecciones Generales de 2025.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por la “grave” crisis institucional  al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtió que, de no dirimir con urgencia las causas que generan el conflicto, Honduras podría enfrentar una potencial alteración del orden constitucional que afectaría, gravemente, el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

A través de un comunicado, la Titular del CONADEH,  Blanca Izaguirre, se refirió a la escalada del conflicto y la crisis institucional que enfrenta el CNE, por causas que van desde  la falta de consensos en la instalación del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, la inasistencia reiterada de uno de los consejeros a las sesiones de trabajo del órgano electoral.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH)  también hizo referencia a la abstinencia expresa de los dos consejeros suplentes del CNE en participar en las sesiones, la anunciada renuncia al cargo de una de las consejeras y  las protestas sostenidas por empleados de ese ente colegiado.

Recordó que la democracia representativa es la base del estado de derecho en un régimen constitucional y que entre sus elementos esenciales está la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

En ese sentido, explicó que, la correcta celebración de las Elecciones Generales de 2025 representa un requisito indispensable para que la ciudadanía ejerza su derecho a delegar su soberanía en representantes y autoridades legitimas que operen bajo una forma de gobierno republicana, democrática y representativa, principios consagrados en la Constitución de la República.

Crisis institucional podría impactar en el cumplimiento del cronograma electoral

El CONADEH resaltó la obligación ineludible del CNE de garantizar el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía de elegir y ser electos en elecciones periódicas y auténticas.

Sin embargo, ante la crisis institucional que enfrenta el órgano electoral, el CONADEH fue contundente al señalar que, la persistencia de los factores que originan dicha crisis impactaría directamente en el cumplimiento del cronograma electoral,  lo que repercutiría directamente en la organización y celebración oportuna de las Elecciones Generales de 2025.

En virtud de ello, advirtió que, de no dirimir urgentemente las causas que generan el conflicto en el CNE, se producirá una escalada de la crisis institucional que podría devenir en efectos negativos irreversibles en el proceso electoral del país y, con ello, comprometer la estabilidad institucional, así como la legitimidad del proceso y  generar violaciones a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

Por lo tanto, sostuvo que, Honduras, podría enfrentar una potencial alteración del orden constitucional que podría afectar gravemente el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en su conjunto.

Para hacerle frente a esta problemática, el CONADEH emitió una serie de recomendación encaminadas a evitar la desinformación, respetar la independencia institucional y atender de urgencia la problemática para no atrasar el cronograma electoral de las elecciones generales 2025.

A la ciudadanía en general, el CONADEH recomendó abstenerse de emitir o difundir mensajes polarizantes o de desinformación, mientras que, a los partidos políticos les exhortó a respetar la independencia que debe caracterizar al CNE, absteniéndose de impulsar discursos o intereses político- partidarios en las decisiones de ese ente colegiado.

El ente estatal de derechos humanos también instó al Ministerio Público a ejercer la acción pública correspondiente, en el ámbito de su competencia, para proceder contra las y los funcionarios públicos que, en el marco del proceso electoral, incumplan los deberes que le han sido encomendados por ley.