La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos.
De acuerdo con información recibida a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), durante la madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa para detener, de manera arbitraria, al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos, quienes permanecían desde hace más de 15 días encerrados y bajo sitio policial en el lugar.
El Obispo habría sido responsabilizado por las autoridades de «ejecutar actos de odio» y «desestabilizar al Estado»; asimismo, en declaraciones públicas, la Vicepresidenta lo acusó de cometer «crímenes de lesa espiritualidad», debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa.
La CIDH urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, e informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal.
Como ha sido señalado por la CIDH, estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país.
Al respecto, la CIDH observa que, el pasado 17 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos habría sido forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Curial de Sébaco. El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y; al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones.
El 14 de agosto, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas.
En Managua, la Policía Nacional habría prohibido la celebración de las procesiones religiosas programadas para el 13 y 14 de agosto, por motivos de «seguridad interna». En los días siguientes, agentes antimotines habrían impedido el ingreso de personas a las iglesias para la celebración de la misa en otras comunidades del país.
En el primer semestre de 2022, la Comisión también ha rechazado el cierre y confiscación de los bienes de distintas organizaciones vinculadas con la Iglesia, como la Universidad Católica del Trópico Seco, varios colegios de la diócesis de Estelí y la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, cuyas integrantes fueron expulsadas del país.
En el mes de marzo, el Estado ordenó la salida del Nuncio Apostólico del país, quien fue mediador en la Mesa de Diálogo de 2019.