La exviceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, denunció públicamente el 6 de mayo de 2026 que la presidenta Xiomara Castro y Héctor Zelaya le pidieron «enterrar» o encubrir el caso de la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, ocurrida en junio de 2023.
La ex funcionaria volvió a referirse al hecho y a las decisiones internas que rodearon la investigación:
“Yo le dije a Xiomara que el responsable era Gustavo Sánchez y que había que investigarlo, y no me hizo caso; la expresidenta Xiomara Castro y el exsecretario privado, Héctor Zelaya, me dijeron MEJOR QUE SE ENTIERRE ESO,, políticamente no conviene”, señalando además presiones políticas para frenar las pesquisas y, pese a las advertencias que asegura haber hecho, el caso terminó siendo minimizado por decisiones de alto nivel.
Villanueva, quien lideraba la intervención en el sistema penitenciario en el momento de la tragedia, alegó recibir órdenes directas para detener las investigaciones sobre los autores intelectuales y las responsabilidades del Estado.
La tragedia, sucedida el 20 de junio de 2023, resultó en la muerte de 46 mujeres, muchas de ellas calcinadas y tiroteadas en un enfrentamiento de pandillas.
Paralelo a la denuncia de encubrimiento, el Ministerio Público anunció el 6 de mayo de 2026 que logró penas de más de 1,000 años de prisión para 15 integrantes de la Pandilla 18 vinculadas a la masacre.
Villanueva afirmó también que en el manejo del caso se intentó detener cualquier avance institucional, aludiendo a la instrucción directa para cerrar el tema pese a la gravedad de los hechos; el contexto político pesó sobre la posibilidad de profundizar en responsabilidades dentro del aparato de seguridad.
Por otra parte, la doctora también amplió sus señalamientos sobre las tensiones internas en la cúpula de seguridad del Estado, afirmando: “Sánchez le taladró el piso a Ramón Sabillón”, en referencia a disputas y debilitamiento de estructuras internas.
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