La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH llamo nuevamente al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones relativas a las políticas de seguridad ciudadana y penitenciaria se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana.
Ante la prórroga por segunda vez del Régimen de Excepción, la Comisión alerta al Estado sobre su obligación internacional de asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos.
El 25 de mayo, se emitió el Decreto Legislativo No. 396 de 2022 que, por segunda vez, prolonga por 30 días los efectos del Decreto Legislativo No. 333, el cual declaró Régimen de Excepción en todo el territorio nacional.
El nuevo decreto prorroga la suspensión de derechos y garantías regulados por los artículos 7 inc. 1°, 12 in. 2°, 13 inc. 2° y 24 de la Constitución de la República, y establece que se refieren a la libertad de asociación, el derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
En este sentido, preocupan a la Comisión las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos en lugar de la implementación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que incorporen los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.