La Bancada del Partido Nacional condenó la amenaza de judicializar a más 70 periodistas hondureños por la venta de publicidad y servicios profesionales al gobierno anterior.
En un comunicado el Partido Nacional señaló que la libertad de expresión es un derecho sagrado al que deben tener acceso todos los hondureños, especialmente los periodistas.
Comunicado.
Ante las amenazas de la UFERCO, a un importante grupo de periodistas, la bancada del Partido Nacional, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, manifiesta lo siguiente:
1.- Denunciamos y condenamos la amenaza de la UFERCO de judicializar a más de 70 periodistas hondureños, por la venta de publicidad y servicios al gobierno anterior, algo que no se puede considerar como delito. Está claro que la intención de los que respaldan la ilegal acción, es infundir miedo y callar las voces que no son afines al gobierno y por lo tanto, estamos ante una clara amenaza al derecho humano de libertad de expresión, al que deben tener acceso todos los hondureños, y en especial los periodistas.
2.- Denunciamos públicamente a los promotores e instigadores de esta amenaza a la prensa nacional, y especialmente señalamos a: Luis Redondo, Luis Javier Santos, Jari Dixon, y Milton Benítez. De todos es sabido que este gobierno ya tiene en marcha el plan de instalar la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso ha emprendido una justicia selectiva desde la UFERCO, y no quieren que ninguna voz se oponga a sus ilegalidades.
3.- Directamente se responsabiliza al gobierno de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, y su aliado el PSH, por la campaña de odio contra los periodistas y se les responsabiliza por los daños físicos, éticos, morales y laborales que han sufrido durante casi tres años, por la estigmatización a la que han sido expuestos innecesariamente por el director de la UFERCO. Exigimos el cierre inmediato y definitivo de sus expedientes de investigación, abiertos en dicha fiscalía, y el cese a la campaña de odio contra este gremio.
4.- Solicitamos al CONADEH, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, y a toda la comunidad internacional, intervenir para evitar que se consume la ilegal e injusta judicialización de más de setenta periodistas hondureños.