El reconocimiento oficial de estas prácticas evidencia el riesgo de que la propaganda digital se institucionalice, afectando gravemente la transparencia y la democracia.
Tegucigalpa, 14 de octubre 2025. La desinformación se ha convertido en una amenaza creciente para la democracia a nivel global. En Honduras, un hallazgo especialmente preocupante es el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios, empleados y becarios del Estado en la creación y difusión de contenido. Así lo revela la investigación “Operación Desinformación”, presentada este martes por el Instituto de la Justicia.
El estudio de tres tomos fue dado a conocer ante representantes de la academia, sociedad civil, empresa privada y otros sectores, y expone con detalle cómo funcionan las redes de desinformación estatales, sus patrones de propagación en redes sociales y las rutas de acción necesarias para contrarrestar este fenómeno.
Entrevistas a profundidad con empleados y exempleados públicos, becarios y expertos, así como una revisión exhaustiva de planillas oficiales, presupuestos, contratos públicos y comunicaciones enviadas a través de plataformas de mensajería instantánea por parte de ministros y altos funcionarios, dejan en evidencia patrones de ataque desde cuentas reales y falsas que difunden propaganda y manipulan la conversación pública, apoyadas directa o indirectamente por recursos del Estado.
La investigación señala que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la administración del ministro anterior, se instauró un entorno de control y coerción. Funcionarios y becarios eran instados a compartir mensajes en redes personales e incluso manejar cuentas falsas, bajo la presión implícita de que su empleo o beca dependía de cumplir estas directrices.
Asimismo, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), dirigida por Ricardo Salgado, habría operado como un centro de creación y difusión de contenido progobierno y de ataque a la oposición. Con un presupuesto que se ha más que duplicado en los últimos dos años —de L 417 millones en 2023 a L 1,025 millones en 2025— la SPE concentra 278 empleados dedicados a campañas digitales, con un gasto mensual de casi L 9 millones solamente en salarios para el equipo relacionado a comunicación.
El estudio detalla que esta estructura combina páginas falsas que simulan medios independientes, operadores humanos profesionales y el uso experimental de inteligencia artificial para generar contenido propagandístico y desinformativo.
El Instituto de la Justicia alertó que el uso de fondos públicos y la participación de altos funcionarios en campañas de desinformación representan una grave amenaza para la democracia y la libertad de expresión en Honduras.
La investigación concluye que estas operaciones son planificadas y financiadas desde el Estado, haciendo mal uso de recursos que podrían haber sido invertidos en áreas esenciales como educación y salud. El uso de grandes cantidades de recursos públicos para propaganda política puede erosionar la transparencia y fomenta el miedo, la autocensura y el descrédito hacia quienes fiscalizan al poder.
Sobre el Instituto de la Justicia.
El Instituto de la Justicia es un _think tank_ comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña.
En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social.