El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la presentación de un informe especial de auditoría reveló varias irregularidades en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en el gasto y liquidación de fondos destinados para el proceso de elecciones primarias de 2021.
El informe es el resultado de una denuncia presentada por la directiva del Consejo Central ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) que sustituyó a Luis Zelaya y a sus directivos que estaban al frente del Partido Liberal.
Los hechos investigados comprenden el período del 01 de marzo al 31 de mayo de 2021, o sea la temporada de la elección primarias, proceso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) financió con fondos públicos.
En elecciones internas el CNE desembolsó al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), la cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L.13,742,000.00) para sus elecciones correspondientes al año 2021 de los cuales parte de los fondos desembolsados no fueron liquidados según el reglamento aprobado para tal fin, dichos fondos fueron asignados para: 1) Capacitación, 2) Transporte para el traslado de maletas electorales y 3) Comisiones electorales/comisiones municipales y departamentales.
El TSC encontró que el señor Luis Orlando Zelaya Medrano en su condición de presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y el señor Isidro Roberto Zelaya Medrano (hermano de Luis Zelaya) en su condición de Secretario de Finanzas del CCEPL, permitieron, autorizaron, realizaron y liquidaron gastos por conceptos diferentes al objeto de gasto reglamentado; por otra parte, existen pagos que no cuentan con la respectiva documentación de respaldo.
El informe revela que en la liquidación presentada, CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 5,573,524.43), no cuentan con la documentación de base porque se liquidaron de manera irregular debido a que fueron utilizados para fines distintos a los otorgados ocasionando un perjuicio económico al Estado por dicho monto.