El Juzgado de Letras de Roatán dictó medidas cautelares sustitutivas a 6 ciudadanos garífunas acusados de Usurpación.
El Juez competente informó a los ciudadanos sobre el derecho que tienen para impugnar el desalojo preventivo, y programó la Audiencia Inicial para el 23 de noviembre a las 9:00 am.
Los imputados son: Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez, todos acusados de usurpación.
La medidas aplicadas según el artículo 173 de Código Procesal Penal son: Presentarse una vez a la semana ante el Juzgado a firmar, Prohibición de salir del país, Prohibición de comunicarse con la persona ofendida y Prohibición de frecuentar el lugar desalojado.
El lunes pasado se ejecutaron las detenciones de seis integrantes de la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía en el marco de un desalojo forzoso ejecutado por fuerzas policiales y militares en cumplimiento de una orden judicial.
“He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH”, escribió la presidenta Xiomara Castro en su red social de Twitter.
La presidente exigió la liberación inmediata de los detenidos ignorando el principio de independencia del poder judicial que se deriva de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en particular del principio de separación de poderes. De acuerdo con este principio, el ejecutivo, el legislativo y el judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado.
La exigencia de Castro Sarmiento aclara que la independencia del sistema judicial y los conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo hoy, un gran reto y desafío en Honduras, entendiendo que el intervencionismo entre poderes fue un tema de campaña política y crítica directa al dominio que ejercía la administración Hernández Alvarado a quien consideraban un poder absoluto.
El juez ejecutor Allan Urbina explicó que se presentó un requerimiento fiscal donde se está acusando a una persona por un delito de usurpación, además dentro del requerimiento se refiere que hay otras personas también, pero que no se han podido individualizar.
Urbina narró en una entrevista ofrecida en HCH que, “el órgano jurisdiccional recibió los documentos dentro del requerimiento fiscal y ahí se encuentra el título de propiedad de este lote, la constancia actualizada de catastro y tributación que asegura es un inmueble que siempre ha pagado los impuestos hasta la fecha. La Policía, dentro de lo que refiere la nueva reforma, hizo las inspecciones in situ en lugar para constatar cuáles eran las condiciones del inmueble”
Además agregó que la norma manda que el juez, fiscal o policía que no ejecute la orden en 24 horas incurre en responsabilidad civil o penal.