La jueza Karla Romero presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, catalogada como el Pacto de Impunidad 2.0 que el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, aprobó para proteger a exfuncionarios de la administración Zelaya Rosales, 2006-2009
Esta ley otorga una amnistía amplia e incondicional a todo funcionario gubernamental de entre 2006 y 2009 que haya sido acusado o vencido en juicio por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, cohecho y otros similares, que no son de carácter político sino de corrupción gubernamental.
La jueza asegura que “el artículo 87 y 88 de la ley sobre justicia constitucional nos faculta para que podamos interponer este tipo de recursos vía oficiosa cuando los órganos del Poder Judicial tienen el conocimiento de una ley que vulnera la Constitución”.
También manifestó que “ha llegado un caso a su sala pero no le dará continuidad” es decir que los casos que reciba no les dará el trámite de ley hasta que el recurso sea resuelto.