Los exfuncionarios sometidos a la justicia en este expediente irán a audiencia inicial el 10 de enero de 2024.
En resolución de Audiencia de Declaración de Imputado, el Juez de Letras Designado, impuso las medidas distintas a la Detención Judicial al expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, al exsecretario en los despachos de Finanzas, Wilfredo Cerrato por el delito de Fraude y agendó la Audiencia Inicial para el 10 de enero del próximo año.
La medida también incluye al exdirector del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Johny Handal Hawit, a los exfuncionarios, Lilia Bográn Rivera, James Aldana Medina y Roberto Zúñiga Barahona, acusados todos de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios.
Las medidas impuestas por el Magistrado que actúo como Juez de Letras Natural de la causa son; Prohibición de salir del país, rendir caución en favor del Estado por 6 millones de lempiras y firmar cada 15 días en la Corte Suprema de Justicia.
Según el requerimiento fiscal, los acusados habrían utilizado dinero para proyectos sociales de algunas secretarías de Estado, supuestamente para impulsar una campaña política, movimientos de dinero que se realizaron a través de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Los traslados del dinero con la autorización de los titulares de esas instituciones estatales, habrían sumado 62 millones de lempiras y posteriormente unas ampliaciones de presupuesto por 35 millones de lempiras adicionales.
En esta causa, el Juez de Letras Designado, emitió dos ordenes de captura, ya que no fue localizado el sindicado David Ortiz Hawit y el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández.
El Ministerio Público señaló que el caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (con proceso en Estado Unidos por delitos de crimen organizado) se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones del Ministerio Público determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
Al otro coimputado, el octavo en el caso, al no comparecer a audiencia de declaración de imputado, se le libró la respectiva orden de captura.
Vale mencionar que, la presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.