la Corte Suprema de Justicia a través de la Corte de Apelaciones ha determinado dejar en libertad definitiva y sin ninguna responsabilidad penal a los diputados ligados al caso de Arca Abierta.
Son 21 diputados los que fueron acusados por los delitos de corrupción desde diciembre del año 2018 por la MACCIH y UFECIC.
El caso “Arca Abierta” que involucra a casi una docena de exdiputados, fueron señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública fueron señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
El proceso de la UFECIC – MACCIH refería en el 2018 que, varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los imputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León (QDDG), Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno de la República se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).
Los fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se detalla:
Al solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos.
La elección de la ONG Asociación Planeta Verde por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma.
Esta afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al patrimonio de la ONG Asociación Planeta Verde, en un período que no supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015- salió en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de 2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados, sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras.