El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) señaló a las autoridades hondureñas encargadas de la seguridad y la investigación en el país de negarle a las víctimas el derecho a conocer la verdad, ya que el 95% de las casi 7,583 muertes violentas de mujeres, registradas desde en los años 2002 y 2023 se mantienen en la impunidad.
las muertes violentas de mujeres y femicidios representan el 14% que, en comparación al primer semestre de 2022, registran un aumento de 48.7% (75 víctimas más). Un mayor porcentaje de las muertes violentas de mujeres y femicidios ocurrieron en espacios públicos (81%) no obstante, se registra un mayor porcentaje de muertes violentas de mujeres y femicidios en espacios privados (19%) en comparación con los hombres (8%).
Según reportes de grupos feministas, cerca de 400 mujeres han sido asesinadas en el 2023, lamentablemente en lo que avanzan los días de este mes de noviembre, las cifras van aumentando, en donde dos mujeres están siendo despojadas de su vida en solo un día.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre pidió al Estado hondureño avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, homicidios y femicidios en el territorio hondureño.
Así mismo que priorice el apoyo para la elaboración y revisión de políticas y planes nacionales de prevención y respuesta temprana y expedita a la violencia contra las mujeres.
La defensora de los derechos humanos recomendó, a las autoridades hondureñas, mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres y las niñas, asimismo, proporcionar atención integral a los familiares de las víctimas de violencia.
“El Estado hondureño debe cumplir con el deber impuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, dijo.
Dicha recomendación está encaminada a “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y además información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios”
La Defensora del Pueblo es del criterio que, la violencia contra la mujer se constituye en una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
Asimismo, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Indicó que la violencia contra las mujeres se produce porque se permite que prosperen otras formas de discriminación.
Reiteró que en el 95% de los casos de muertes violentas de mujeres impera la impunidad, hecho que contribuye al incremento de las cifras negativas en el país, mientras se niega el derecho del acceso a la justicia a las mujeres que están siendo víctimas de violencia.
Desde el año 2002 a febrero del 2023 el CONADEH registra la muerte de 7,583 mujeres, es decir, un promedio de 30 mensuales o una víctima cada 24 horas.
En el 2022, al menos 300 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas. Se estima que, 10 municipios del país fueron escenario del 48% de esas muertes.
En el primer trimestre del 2023, unos 40 municipios de 15 departamentos del país reportaron la muerte violenta de unas 75 mujeres, entre ellas niñas menores de cuatro años hasta adultas mayores de 60 años.
Según más información, ocho de cada 10 feminicidios quedan en la impunidad, ya que no se otorgan las investigaciones correspondientes para saber el hecho del crimen.
Lamentablemente las edades de las mujeres asesinadas oscilan entre los 16 hasta los 45 años de edad, en donde la mayoría de crímenes son causados por las parejas de las féminas.
Al parecer más de 20 mil mujeres al año denuncian algún tipo de violencia, pero solo el 5 o 6% de ellas tienen respuesta y las demás quedan en la impunidad.
La titular del CONADEH recomendó al Estado hondureño priorizar la protección de los derechos de la mujer, tomando en cuenta los femicidios, el acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia en sus dimensiones doméstica, intrafamiliar y política.
En los últimos años, las mujeres se han visto afectadas por una espiral de delitos que atentan contra su integridad y sus vidas, concentrándose la mayor parte de las muertes violentas en el Litoral Atlántico, la zona norte y central del país, específicamente en el Distrito Central.