La Mesa de Derechos Humanos expresa su preocupación por la campaña de desprestigio surgida en las últimas horas contra las defensoras Hedme Castro de ACI-Participa; Delma Ordóñez, de la Asociación de Privados de Libertad; Wendy Funes, de Reporteros de Investigación; Blanca Izaguirre, Comisionada del CONADEH, Rihanna Ferrera de COZUMEL Trans y Hugo Maldonado, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, vinculándoles con la Mara MS13, que presionan al gobierno para que se les den privilegios a los privados de libertad y el defensor de Hugo Maldonado, del CODEH, vinculándoles peligrosamente con estructuras criminales , que les coloca en un riesgo inminente contra su vida.
Desde el pasado fin de semana una publicación atribuida a INFOBAE pero desmentida por este medio de comunicación, se echó a andar argumentando que se respalda en un informe de Insight Crime que también ha desmentido su autoría, tratándose de noticias falsas con las que se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas.
El Estado de Honduras tiene obligaciones internacionales que cumplir como las señaladas en las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU, en el año 2021 donde los Estados aglutinados en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendaron que se debe proteger a las personas defensoras de derechos humanos, investigar los crímenes contra ellas así como las amenazas y llevar a los responsables ante la justicia para que los hechos no se repitan.
Igualmente en su visita in loco la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en sus recomendaciones preliminares externó su preocupación por los asesinatos y amenazas contra las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y referente a la calamidad en que se encuentra el Mecanismo Nacional de Protección el cual no responde a las necesidades de quienes son beneficiarios y beneficiarias de la Ley de Protección y están en riesgo.
Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio.
Por lo antes expuesto demandamos al gobierno de la presidenta Castro y el Estado en su conjunto:
1.-Realizar de forma inmediata una investigación imparcial, diligente y pronta que lleve a dar con los responsables de esta campaña que lleva de fondo una amenaza para callar las voces que se levantan contra las violaciones a los derechos humanos que están siendo objeto los privados de libertad, desde que se le dio el control a la Policía Militar del Orden Público, PMOP.
2.-Investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien está al frente de la PMOP y que hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”, frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos y sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.
3.-El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Protección debe llamar a este oficial para que dé cuenta de sus declaraciones e iniciar un proceso penal que detenga su accionar contra las personas defensoras de derechos humanos cuyo papel es vital para que se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad que está a merced de actos abusivos entre ellos torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, y la PMOP no quiere tener voces que los denuncien.
4.-Recordamos a la presidenta Xiomara Castro su plan de gobierno donde prometió mayor protección para los y las defensoras de derechos humanos, lo cual debe traducirse en acciones concretas a la mayor brevedad para lograr ese objetivo.
5.-A las organizaciones defensoras de derechos humanos les llamamos a no callarnos ante abusos contra los derechos fundamentales porque de hacerlo estaremos bajando los brazos ante arbitrariedades que ponen en precario la vida de las víctimas.
6.-Llamamos a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, proteger a las personas que son señaladas en esta campaña porque su vida está en grave riesgo.
6.-A la comunidad internacional de derechos humanos les llamamos a hacer acciones de solidaridad en todo el continente para evidenciar el riesgo en que nos encontramos como defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Defender la vida no es un crimen, el Estado de Honduras debe proteger nuestra labor por los derechos humanos.