Conadeh: Extraña pasividad del Estado para detener la violencia contra la mujer

A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en contra de la mujer y las niñas, los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer se transgreden sin control alguno, el registro de feminicidios hasta el mes de abril del 2022 es una muestra de la pasividad del Estado y de los organos facultados para garantizar la seguridad ciudadana.

Preocupa al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el incremento de muertes violentas hacia las mujeres, el año 2021 culminó con 318 asesinatos en su contra y en lo que va del año 2022 ya se han registrado mas de 90 muertes violentas de mujeres, lo que constituye violación a los derechos humanos por tratarse de la pérdida de la vida, la cual es el principal bien jurídico tutelado.

En el año 2021, el CONADEH atendió, a nivel nacional, 3,159 quejas por violaciones a derechos humanos, interpuestas por mujeres, mientras que, en lo que va del año 2022, se han registrado más de 600 quejas.

De las 3,730 denuncias presentadas por mujeres, ante el CONADEH entre el año 2021 y lo que va del año 2022, cerca de 1,500 quejas están relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal, que incluyen amenazas a muerte, intimidación, violencia doméstica e intrafamiliar.

De acuerdo a las denuncias atendidas por el CONADEH, a nivel nacional, los departamentos donde se reportan mayores quejas por violaciones a derechos humanos interpuestas por mujeres son Francisco Morazán, Olancho, Cortés y Atlántida.

Para esta Defensoría del Pueblo es de suma preocupación que, el Estado de Honduras aún no aplique efectivamente las medidas conducentes a evitar toda forma de discriminación en contra de las mujeres y niñas, incluyendo el establecimiento de las condiciones necesarias que les permitan el desarrollo pleno como personas, así como la realización y cumplimiento de los principios de igualdad y equidad.

las mujeres son el sector que conforman más de la mitad de la población hondureña, por lo que deben tener acceso amplio a la participación en la vida política, social y económica de la Nación, en igualdad de oportunidades, para disfrutar efectivamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales y vivir sin discriminación, pobreza, ni violencia, en todas sus formas y manifestaciones.