La Asamblea Legislativa de El Salvador prohibió desde el 13 de julio pasado las concentraciones masivas públicas y privadas por 90 días.
Los legisladores aprobaron la medida, que entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, con 78 votos de los 84 diputados y sin mayor discusión parlamentaria.
Los congresistas argumentan que el derecho se suspende debido al aumento de casos de covid a nivel nacional, pese a que en los últimos meses se observan bares llenos con personas sin mascarilla, los eventos deportivos están activados y se han registrado casos de covid-19 en las escuelas, la medida no incluye a estos sectores.
En la iniciativa, presentada por el ministro de Salud, Francisco Alabí, y el decreto prohíbe expresamente las «concentraciones y eventos públicos y privados», como «conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y fiestas patronales».
En otras actividades que no están incluidas será obligatorio el uso de la mascarilla.
La convocatoria, promoción y organización de las concentraciones prohibidas será castigada con multas de entre 6.000 y 30.000 dólares.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El diputado opositor René Portillo Cuadra señaló que la medida podría implicar una restricción de la garantía constitucional de libre reunión y que al ser de 90 días excede lo señalado por la Constitución, que es de 60 días.
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Anaya indicó que la iniciativa es «en esencia» una «prohibición de protestas, marchas y mítines que se tornan inevitables debido a muchos abusos y la imposición de una moneda que provocará el fracaso de la economía salvadoreña, dijo Anaya
La abogada y directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, Leonor Arteaga, también manifestó en sus redes sociales que con esta medida «se limitan derechos, como el de manifestarse o protestar».
«Los poderes estatales para combatir una ‘emergencia’ no se deben usar para aplastar el disenso, controlar a la población o prolongarse en el poder», añadió.
Medidas similares fueron declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en 2020 por suspender, según los diferentes fallos, las garantías constitucionales sin el proceso parlamentario adecuado.
Estos fallos fueron una de las razones, según el oficialismo, por las que la Asamblea Legislativa removió el 1 de mayo pasado a los magistrados constitucionalistas, acción ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.