Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por los ataques violentos y la intimidación que sufren los funcionarios oficiales de justicia, incluidos jueces, fiscales y funcionarios judiciales, así como los edificios judiciales en Ecuador.
Estos ataques se han vuelto más preocupantes tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un evento de la campaña electoral en Quito, el pasado 9 de agosto.
«Estoy consternada por la gran vulnerabilidad de los funcionarios de justicia», afirma Margaret Satterthwaite*, relatora especial** de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
La profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York indicó que “estas amenazas parecen ser especialmente pronunciadas para quienes se ocupan de casos de crimen organizado y corrupción.”
Entre 2022 y 2023, cuatro fiscales han sido asesinados y varios funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones y amenazas. Varias instalaciones judiciales han recibido amenazas de bomba. Solo en Manabí se registraron trece ataques y amenazas contra funcionarios judiciales. Además, varios jueces penales han sobrevivido a ataques físicos e intentos de asesinato, informó la relatora especial.
Satterthwaite destacó que estos ataques y amenazas “socavan la independencia del sistema judicial”, impactando directamente en el trabajo de jueces y fiscales “en su lucha por garantizar el estado de derecho contra la corrupción y el crimen organizado”.
“Los ataques también violan sus derechos y libertades fundamentales”, añadió.
«Los jueces y fiscales deben tener la seguridad necesaria para llevar a cabo su trabajo. Insto a las autoridades a que garanticen que todos los ataques y amenazas sean investigados, y que todos los jueces y fiscales en Ecuador estén adecuadamente protegidos y puedan hacer su trabajo», concluyó Satterthwaite.