Decenas de magistrados y magistradas de Cámara, así como jueces de Paz y de Primera Instancia se abocaron esta tarde a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para manifestar su rechazo a la reforma a la carrera judicial aprobada el martes por la noche por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios del Órgano Judicial afirmaron que “rechazan enérgicamente” el decreto de reforma que, al momento de entrar en vigencia, obligará a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años a ser removidos de sus cargos.
Algunos jueces comentaron que el decreto es discriminatorio y atenta contra la dignidad de los jueces y magistrados. “Sin mascarilla; que nos vean la cara… que corruptos no somos”, dijo una jueza cuando el juez José Alberto Franco terminó de leer un comunicado respaldado por más de medio centenar de jueces y juezas.
La concentración de jueces comenzó a las 2:00 p.m. y a las 2:30 leyeron un comunicado de siete puntos en el que plantearon su rechazo al decreto legislativo que ordena reformas a la Ley de la Carrera Judicial, “por ser ofensivas e indignas a la investidura judicial”.
Los jueces hicieron varios señalamientos sobre el porqué el referido decreto legislativo es inconstitucional.
“Recurriremos a las instancias legales nacionales e internacionales para restituir el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, gravemente afectado con dicho decreto”, afirmaron jueces y magistrados quienes aseguran que para la depuración de miembros de la Carrera Judicial existen mecanismos institucionales que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces.
Con la entrada en vigencia de tal decreto, se removería de sus cargos a aproximadamente 156 jueces y magistrados, entre éstos algunos cuyas sedes judiciales conocen de casos importantes. Uno de esos jueces sería Jorge Guzmán, quien lleva el proceso de la Masacre de El Mozote. Analistas han coincidido en llamarlo una “purga” y un paso más en la consolidación del golpe del oficialismo a la democracia.
Según el comunicado en el que los jueces expresan su postura, dicha reforma es inconstitucional y violatoria de la independencia judicial establecida en el Art. 172 de la Constitución de la República.
El principal argumento es que, como ya lo había advertido la abogada Ruth Eleonora López, las iniciativas para reformar la Carrera Judicial pueden venir solo de ese órgano, por lo que los diputados de las bancadas oficialistas violaron el Art. 133, ordinal 3°, de la Constitución, además que no existió fundamento alguno para sustentar la dispensa de trámite en el procedimiento que siguieron los diputados.
Asimismo, los jueces y magistrados hacen énfasis en que dicha reforma violará varios derechos constitucionales una vez entre en vigencia, principalmente, los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso y a la seguridad jurídica de los funcionarios judiciales afectados.