El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por las más de cien personas, de siete pueblos étnicos de Honduras, que han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado, según denuncias atendidas por este ente estatal entre el año 2016 y el primer semestre del 2022.
Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 miskitos, 12 Pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo Maya Chortí, están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, en los últimos seis años y medio.
De los 107 casos atendidos por el CONADEH, al menos 69, que representan el 64%, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalente a un 36%, como víctimas del desplazamiento forzado.
En el primer semestre del 2022, el CONADEH atendió 14 personas, de pueblos originarios, de los cuales 5 eran garífunas, 7 misquitos y dos tolupanes, de ellos diez estaban en riesgo y 4 en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.
Los 107 casos de personas indígenas y afrohondureñas en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado se presentaron en 6 de los 18 departamentos del país, Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.
Indígenas y afrohondureños forzados a huir y abandonar su patrimonio
El Riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvo asociado a causas como el despojo de tierras y usurpación de propiedades, así como asesinatos, lesiones y amenazas.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos forzados de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.
Indicó que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica por causas de la violencia que enfrentan por defender sus derechos y también por la desprotección de su derecho a la tierra, territorios, y recursos naturales.
Los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con los testimonios de los peticionarios, las situaciones de riesgo o desplazamiento forzado de personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra.