Autor. José Azcona
La historia nos ha demostrado repetidas veces que buscar la solución a un problema común sacándolo de la esfera de acción pública no produce los resultados esperados.
Nuestra experiencia con procesos de privatización ha sido poco exitosa, porque se ha privilegiado la facilidad de ejecución sobre el beneficio a largo plazo.
Inclusive dentro del mismo sector energético se han utilizado contratos de compra de energía en lugar de esquemas como BOT (Build, Operate and Transfer), que permitirían que los incrementos en capacidad instalada que se desarrollan con el tiempo pasen eventualmente al control del Estado.
Esto ha limitado el desarrollo de capacidades propias, al no permitir que el Estado vaya acumulando nuevos activos de generación.
El proceso que se pretende actualmente consiste principalmente en avanzar hacia un sistema de libre mercado, donde los consumidores seleccionarían sus compras directamente a los proveedores.
Esto no implica una privatización directa de los activos, pero sí podría generar una privatización efectiva del mercado energético, al trasladar la mayor parte del volumen comercial fuera del sector público, en una situación análoga a la que ocurrió en el sector de telecomunicaciones.
Al sacar del ámbito estatal la mayoría del mercado, especialmente los consumidores de mayor volumen y más fácil capacidad de cobro, se dejaría al sistema público con un mercado más pequeño, con una mayor proporción de abonados residenciales y con mayores dificultades para controlar las pérdidas.
En consecuencia, las ineficiencias inaceptables que existen actualmente y que hoy son socializadas en proporción al consumo, pasarían a ser absorbidas principalmente por los consumidores con menor capacidad económica, que representan la inmensa mayoría de los abonados residenciales.
Esto generaría el riesgo de que el costo de la energía para estos consumidores aumente sustancialmente o que se requiera una mayor cantidad de subsidios, ya sean directos o indirectos.
Consideramos que la reforma propuesta no da una solución real a estos problemas. Si bien es claro que genera un beneficio para los altos consumidores, para la mayoría de los usuarios que permanecerían dentro del sistema convencional los costos terminarían siendo absorbidos mediante tarifas más altas o mediante una degradación en la calidad del servicio.
Correspondería, en cambio, crear un sistema de despacho transparente, establecer un mercado abierto de compras de energía por parte del Estado, y permitir compras consolidadas de abonados que puedan asumir el control de partes específicas del sistema.
Asimismo, debe focalizarse el control de pérdidas por circuito, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, identificando sus causas y responsables.
En estos procesos se puede invitar la participación privada bajo esquemas medibles, donde los participantes puedan obtener un porcentaje de la recuperación lograda, sin necesidad de entregar la totalidad del sistema.