Una sentencia firme que se convirtió en una carcajada legislativa

El diputado Rasel Tomé del Partido Libertad y Refundación LIBRE, actúa como una persona sin antecedentes penales, levanta la bandera anticorrupción en un Congreso en el que es miembro de una Junta Directiva ilegal, pese a tener sentencia penal firme y en ejecución, por haber sido encontrado responsable de un delito consumado de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Los analistas del caso afirman que la sentencia contra Rasel Tomé tiene por efecto, entre otros, la suspensión de la ciudadanía conforme lo dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República y que consecuentemente le imposibilita ostentar cargos públicos, entre ellos diputado al Congreso Nacional».

De acuerdo con el análisis jurídico de muchos penalistas los candidatos a diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, no podían asumir el cargo para el cual fueron electos porque tienen una sentencia firme. Actualmente Tomé y Casaña forman parte de una directiva electa ilegalmente al que el mismo Rasel Tomé juramentó violentando el procedimiento legal.

Los estudiosos del derecho mencionan que hubo una reforma constitucional en la que se estableció que los diputados no son funcionarios públicos, sino que ser diputado es desempeñar un cargo público, razón por la cual un ciudadano con sentencia firme no puede optar a ser legislador.

Las personas condenadas con sentencia firme, cuya sentencia los inhabilita a cargo público no pueden ostentar cargo público, ni remunerado ni gratuito, entiéndase por cargo público las diputaciones, explican los expertos.

Además, indicó que tampoco podrán asumir un cargo de ministro con cartera o sin cartera, por su situación legal.

Edgardo Casaña fue hallado culpable, por la Sala Penal, del delito de abuso de autoridad cuando fungió como directivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

Por tal delito, la justicia hondureña le impuso la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por seis años.

Rasel Tomé también fue hallado culpable de abuso de autoridad por la adjudicación de una frecuencia cuando fue funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé, transgredieron la Ley Orgánica del Poder Legislativo al incumplir con el artículo 51, numeral cuatro de la normativa vigente desde el 2014.

El artículo 51 establece los actos por los cuales los parlamentarios pierden la calidad de diputados. El numeral cuatro de la normativa vigente determina que, “Por sentencia judicial firme que lo condene por un delito doloso o inhabilitación que le impida terminar el período para el cual fue electo”.

En 2021 ambos parlamentarios recibieron sentencia firme, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por los delitos de abuso de autoridad.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que condenó a la inhabilitación especial al parlamentario reelecto Edgardo Casaña y a otros exdirectivos más del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) por el delito de abuso de autoridad agravado.

Los exdirectivos del INPREMA, Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos Cáceres, Óscar René Recarte Barahona y Edgardo Casaña, se les considera coautores de un delito consumado de abuso de autoridad agravado en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras.

La pena accesoria, establecida en el artículo 41 de la Constitución de la República, consiste en la suspensión de la ciudadanía por seis años, tiempo que durará la pena principal en base al artículo 349.1 del Código penal 144-83, vigente al momento de los hechos, sin embargo, se declara la procedencia retroactiva establecida en el Código Penal vigente (decreto 130-2017) por lo que la inhabilitación sería por tres años.

Los condenados Rasel Tomé y Edgardo Casaña continúan legislando y riéndose del La Sala de lo Penal y del Poder Judicial aunque a futuro las acciones realizadas por estos parlamentarios podrían considerarse ilegales y posiblemente todo lo que decida el Poder Legislativo estaría generando a demandas contra el Estado por carecer de legitimidad.

Con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia los condenados buscarían eliminar las inhabilitaciones y responsabilidades para seguir legislando, siempre como miembros de una directiva que preside también de forma cuestionada, Luis Redondo.