Todo el sector trasporte de las ciudades mas importantes de Honduras, pulperos, empresarios, tortilleras, habitantes comunes de muchas colonias, políticos, vendedores de agua por barril, y hasta el que vende conos y paletas, financian el crimen organizado en el país, a través del pago del llamado «impuesto de guerra» y la extorsión.
Investigaciones hechas por la misma Policía Nacional señalan que los transportistas pagan más de 600 millones de lempiras anuales por extorsiones y el pago del ‘impuesto de guerra’.
Los informes detallan que solo el transporte público que opera en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela paga mensualmente mas de 30 millones de lempiras al crimen organizado.
Los transportistas llegan a pagar por la denominada “renta”, para evitar ser víctimas de ataques criminales, hasta siete grupos criminales se les entrega «la renta», por lo que semanalmente cada unidad del transporte paga unos 20 o 23 mil lempiras.
Viene la semana santa y los grupos criminales están esperando un pago extra para irse de vacaciones a hoteles de la costa norte que ofrecen todo incluido, a disfrutar el sol y playa en el mar, y las víctimas del impuesto de guerra tienen que financiar el costo.
El 60 por ciento de las ganancias de todo el comercio formal o informal que paga impuesto de guerra van a parar a las cuentas de las organizaciones criminales, un 10 por ciento se destina para cancelar las deudas con el prestamista o con los bancos.
Con el denominado “impuesto de guerra”, las maras han afianzado su imperio en las calles. Las extorsiones no sólo alcanzan a los pequeños y medianos empresarios, los guardias no se escapan, los profesores igual, y si abren las escuelas de las colonias en vías de desarrollo, los cobros llegarán porque están obligados a pagar una tarifa para resguardar la paz.