Una ley que se aprobó para condenar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y, reparar, resarcir o restituir las víctimas de los golpes de Estado, se convirtió en un pacto de impunidad para liberar a muchos acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos que no soy conexos y no tienen nada que ver con delitos políticos.
Según el decreto publicado el 4 de febrero pasado, se deroga el decreto legislativo número 141-2009 de separación del presidente de Honduras José Manuel Zelaya, aprobado el domingo 28 de junio del 2009 y publicado en el número 31,950 de La Gaceta, del miércoles 1 de julio de 2009.
La ley destaca y condena el golpe de Estado que constituyó un hecho ilícito internacional de conformidad con la sentencia dictada el 5 de octubre del 2015, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática y 9 de la Carta de la Organización de los OEA, suspendió el derecho de Honduras a participar en la organización.
La amnistía beneficiaría a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 oponentes políticos, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) ha iniciado un registro de las victimas y su opinión sobre los casos es de vital importancia en las liberaciones.
En marzo pasado, la defensa legal del exgerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Honduras Marcelo Chimirri Castro, amparándose en la amnistía presentó el respectivo recurso y el pariente de la presidenta hondureña Xiomara Castro fue liberado de toda responsabilidad penal.
El exministro de la presidencia de la Administración Zelaya Rosales 2006-2009, Enrique Flores Lanza, también recibió varias cartas de libertad por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude, Flores Lanza se matuvo en calidad de profugo en Nicaragua.
Chimirri Castro, Flores Lanza y otros exfuncionarios acusados por delitos no políticos se apegaron a la Ley de Amnistía, para anular los procesos en su contra.
Los delitos por los que fueron señalados los exfuncionarios de la administración de Zelaya no son delitos políticos, y no podían ser beneficiados por la amnistía.
La Bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), quienes en la aprobación de la ley votaron a favor del Pacto de Impunidad, plantearon la posibilidad de introducir una reforma a este decreto para delimitar el alcance y objetivo de la amnistía y evitar su abuso.
Los Congresistas de Nasralla admitieron que existen algunos vacíos en la Ley que deben ser reformados para evitar que los jueces se excusen en su función y dejen en libertad a personas que no ameritan.
El decreto no establece cuales son los delitos políticos ni cuales son los conexos, entonces los jueces y magistrados deben recurrir a la jurisprudencia si lo hubiere o a las concepciones doctrinarias para liberar a quienes se amparan en la Amnistía.
La iniciativa fue impulsada por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé
