En un inicio el Ministerio Público (MP) ejecutó varias órdenes de captura en San Pedro Sula en contra de desarrolladores de Ciudad Jaraguá y exfuncionarios municipales.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la ATIC y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentaron el requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y ex funcionario municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
Sobre el caso el diario digital Proceso Digital publicaba los mensajes posteados en una red social de una de las dependencias de la ONU instaladas en Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) celebró el requerimiento fiscal interpuesto en contra de nueve personas por caso de Ciudad Jaraguá.
Mediante su cuenta de Twitter, señaló que este proyecto habitacional provoca daños al medioambiente y afecta a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva El Merendón.
“@OACNUDH saluda el requerimiento fiscal presentado hoy por el @MP_Honduras en contra de 9 personas por daños al medio ambiente y afectaciones a las fuentes de agua, flora y fauna de la Zona de Reserva El Merendón en el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá”, posteó.
Calificó que este requerimiento es un paso importante hacia la rendición de cuentas sobre la tramitación de permisos y licencias ambientales.
Además, indicó que la acción penal contribuye a la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, promoviendo el derecho humano a un medio ambiente sano.
Tras las capturas y después de cinco agotadores días de juicio, donde se presentaron las acusaciones inconsistentes y falsas sobre el proyecto residencial Jaraguá y las pruebas contundentes de que toda su operación es absolutamente apegada a la ley y no daña el medio ambiente, finalmente la Corte Suprema de Justicia exoneró a Jaraguá de todos los supuestos delitos que se le imputaban.
Es verdaderamente lamentable que se malgasten los recursos del Estado en levantar todo un juicio contra una empresa sana y legal, que ha estado invirtiendo importantes recursos y es el polo de desarrollo del noroeste de San Pedro Sula, un desperdicio de recursos, esfuerzos y capital, en un acoso sin sentido, que ha durado más de siete años, en lugar de utilizar todos esos bienes del estado para cubrir tantas necesidades del medio ambiente, como es socorrer la contaminación de los ríos, los cientos de viviendas de personas desafortunadas que no tienen recursos para vivir mejor.
En auxiliar y ampararlas con proveerles de mejores sistemas y prácticas de vida que proteja sus vidas y el resto de sus conciudadanos. En instruir y proteger a la veintena de comunidades que talan la foresta del Merendón y comercializan sus productos frente a toda la comunidad.
Los ataques a Jaraguá no solamente significan un malgasto de recursos de técnicos, fiscales y gran cantidad de personal que buscan donde no hay, sino llevarlo a extremos de órdenes de captura que no tipifican en nuestras leyes, para atentar contra la seguridad y las vidas de personas honorables, en un movimiento de más de cien efectivos del Ministerio Público desde Tegucigalpa, en un espectacular operativo simultáneo y coordinado con vehículos, ametralladoras, drones, radios y equipo especial para capturas de peligrosos delincuentes.
Desgraciadamente, dirigir esos esfuerzos hacia las verdaderas necesidades de nuestras comunidades más desfavorecidas, no es una prioridad.
El trabajo sensacionalista y espectacular, exhibiendo capturas logra crear odio hacia personas inocentes, que se ganan la vida como empresarios, profesionales y técnicos que hacen su trabajo honradamente y son satanizados en las redes sociales con este despliegue de poder exhibiendo una “captura ejemplar” de empresarios honestos, para demostrar el celo de ciertos funcionarios en el “cumplimiento de su deber” y sin importar los miles de empleos que se pueden perder.