Al menos 1,074 quejas de violaciones a los derechos humanos y la precariedad que se vive al interior de los centros penales del país, fueron presentadas por los privados de libertad y sus familiares ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre el 2019 y mayo del 2022, revela un informe divulgado por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre declaró que de las constantes visitas e inspecciones realizadas a los centros penales se ha constatado su deterioro, así como las reiteradas violaciones de derechos humanos a los que son sometidos los privados de libertad.
“Vemos con preocupación el reiterativo incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, en asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente de las personas privadas de libertad en el país, a pesar de que Honduras forma parte de tratados y convenios internacionales”.
Ante esa crítica situación, recordó, a las autoridades hondureñas, que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se violan los derechos humanos de los privados de libertad por lo que recomendó, garantizar la seguridad apropiada al interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes.
Además, se le garantice el derecho humano a la vida, la salud, la alimentación, al agua potable, a una comunicación con sus familiares, a la integridad personal, psíquica y moral de las personas privadas de la libertad.
También instó al Poder Judicial, que realice una pronta revisión de los casos de procesados pendientes de sentencia, con el objetivo de reducir la mora judicial de la población penitenciaria a nivel nacional.
Al menos 56 de las denuncias atendidas por el CONADEH están relacionadas con tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia los privados de libertad.
Entre las denuncias figuran las condiciones deplorables a las que son sometidos los reclusos en las celdas de castigo donde se les deja encerrados por largo periodo de tiempo sin las condiciones necesarias para cumplir las sanciones impuestas, algunos peticionarios manifestaron que de manera injusta son sometidos a esos correctivos.
Los afectados también se quejaron de haber recibido un trato no adecuado por parte de las autoridades o custodios penitenciarios, como golpes, traslados de celda sin explicación y que se le privó de atender a sus familiares.