- El problema no termina con salir huyendo, sino que se agudiza, dejando a las familias sin casa, sin trabajo y con una multiplicidad de derechos vulnerados.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó hoy que el desplazamiento forzado interno es una crisis humanitaria que afecta a miles de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia, por lo que instó al Estado hondureño a darles respuestas integrales a las personas afectadas.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH recordó que, existe una Ley Especial para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente que obliga al Estado a dar una respuesta integral que incluye asistencia humanitaria, reubicación, alojamiento temporal, atención médica y acceso a documentos.
Indicó que lo ideal es que nadie tenga que salir huyendo. Lo ideal es que el Estado de la protección necesaria para que se queden en su zona. Pero si no se les puede dar esa protección, entonces hay que darles una respuesta integral a las necesidades que presentan estas familias.
Explicó que el caso de la colonia Villa Nueva es solo un reflejo de la crisis nacional de desplazamiento forzado en Honduras, donde más de 423,000 personas han tenido que huir de sus hogares.
Reveló que, entre 2016 y 2025, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) identificó y brindó atención específica a 10,077 quejas presentadas por personas en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado interno, ante el CONADEH, involucrando a unas 24,864 personas afectadas.
Aunque aclaró que los datos oficiales más recientes, publicados en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados en Honduras (ACNUR), la cifra registrada es de 423,845 personas que han sufrido desplazamiento interno por violencia en Honduras, que es un dato más cercano a lo que puede estar pasando en la realidad del país.
Francisco Morazán y Cortés, los más afectados
Reyes identificó a Francisco Morazán y Cortés como los departamentos con mayor número de casos. También se reportan desplazamientos en Atlántida, Choluteca, Olancho, El Paraíso y Yoro.
Entre las principales causas documentadas mencionó las amenazas, la extorsión, el asesinato de parientes, la violencia basada en género, el reclutamiento forzado, así como el despojo de bienes y propiedades.
Al final lo que genera que una familia salga huyendo de su casa es un hecho violento que ha vivido y que le ha puesto en riesgo. Sabe que tiene que salir huyendo porque es la única alternativa para estar a salvo, explicó.
Ruptura familiar
Reyes describió el desplazamiento como una ruptura total para las familias. «Dejan abandonado su esfuerzo, su casa construida con mucho sacrificio. Hay una ruptura de vínculos de iglesia, amistades y familiares. Quedan totalmente desprotegidas porque salen de su lugar seguro».
Indicó que el problema se agudiza después del desplazamiento porque se quedan sin casa, sin medio de vida, sin acceso a educación y con afectaciones graves en salud mental.
La casa para uno es un lugar seguro. Pero si la casa se vuelve insegura, las familias ya no tienen a dónde ir, indicó.
Multiplicidad de derechos vulnerados
Si nos ponemos a analizar lo que viven las víctimas de desplazamiento forzado es una situación de extrema vulnerabilidad, pero también una multiplicidad de vulneraciones como el derecho a la vida, la integridad personal, a vivir en el lugar que elijan, a la libre circulación, a la educación y a la salud mental, concluyó, Reyes.