La amnistía aprobada por diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) es «absoluta e incondicional», lo que no deja ningún margen de discrecionalidad al juez, cuando solicitan la aplicación de la ley a un caso concreto como el del exministro de la presidencia de la administración Zelaya, Enrique Flores Lanza.
Los diputados de LIBRE y del PSH, ahora se desmarcan y establecen que son los jueces y no ellos los responsables de entregar cartas de libertad a todos los funcionarios de Mel Zelaya que han sido acusados o condenados por actos de corrupción.
«Son los jueces los que van a determinar quien sale Libre y quien no» dijo el diputado Jary Dixon, en relación al Pacto de Impunidad que el y sus compañeros de bancada, más parlamentarios de Nasralla, aprobaron disfrazado de una amnistía de ámbito político.
«Las cartas de libertad no las firma el Ejecutivo, sino el Poder Judicial» expreso Hugo Noe Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, para justificar la salida en libertad de Enrique Flores Lanza.
La Amnistía aprobada es considerada como pacto de Impunidad por sectores de sociedad civil porque protege solamente a funcionarios de la administración de Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro, entre 2006 y 2009, acusados de delitos como lavado de activos, defraudación de Caudales Públicos, fraude, abuso de autoridad y otros que no tienen que ver con el tema político sino que son delitos de corrupción.
