Recientemente La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la polémica amnistía política que aprobó el actual Congreso Nacional (CN), y que no solo ha dado cartas de libertad a presos políticos, sino también a exfuncionarios acusados de delitos de corrupción en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
A criterio de la Sala Penal, la amnistía política vulnera la Constitución de la República y genera impunidad, según el recurso promovido por los magistrados de esa Sala y que ha sido publicado por diarios impresos.
Sobre la resolución de La Sala de lo Penal, el coordinador de Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, el abogado Mario Díaz, dijo que lo importante es esperar que la Sala de los Constitucional resuelva en el menor tiempo posible para que salgamos de esa incertidumbre y se promueva la seguridad jurídica.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió en las últimos meses siete recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la cuestionada “amnistía política”.
Entre los recursos de inconstitucionalidad admitidos por la CSJ están los interpuestos por los abogados José Olivio Rodríguez Vásquez, Alma Consuelo Guzmán García y Rafael Bustillo Romero y el interpuesto por la jueza Karla Romero quien tomó la promesa de ley en el acto de juramentación de la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento.
El Decreto de Amnistía aprobado el pasado 2 de febrero cumple 5 meses de vigencia con centenares de criticas nacionales e internacionales, y los deseos de reformar el «Pacto de Impunidad» como lo nombrara el Ministro de Transparencia Edmundo Orellana Mercado, quedaron en las gavetas de las curules de los miembros de la Bancada del Partido Salvador de Honduras, quienes después de votar a favor, solo lamentaron que el gobierno haya usado la amnistía para liberar a personas enjuiciadas por corrupción y lavado de activos.
La propuesta de ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los diputados que firmaron el dictamen fue que la amnistía abarcara a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
Sin embargo en el decreto, abiertamente y sin mucho debate se incluyeron y se aprobaron como parte de los beneficiarios de la amnistía los exfuncionarios de la administración Zelaya Rosales que incurrieron en delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y criminalidad organizada.
El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, culpó a los jueces y fiscales porque según Orellana ellos son los que tienen que aplicar bien el principio de motivación del delito y además si la Ley tiene falencia la sociedad civil es responsable, dijo el Ministro del actual gobierno, ignorando que la sociedad civil que hizo la propuesta son organizaciones defensoras de derechos humanos pero afines al Partido que ganó las elecciones en noviembre del 2021.
Los que ya se beneficiaron con la Amnistía es un hecho consumado, para los que se aprobó el beneficio ya recobraron la libertad y otros están pidiendo que se les aplique, en los casos definidos por la Amnistía ya nada se puede hacer desde el Congreso de la República tal como lo prometió la bancada del (PSH) la ley penal es retroactiva solo si favorece al imputado.
Aunque los diputados de Nasralla aseguraron hace unos días que los habían sorprendido con la Amnistía, ellos prometieron reformas, pero a más de cinco meses de su aprobación, estos diputados que se decían honestos, siguen apoyando la impunidad e ilegalidad de la actual administración.
Ni Carlos Umaña, ni Maribel Espinoza, ni Ligia Ramos, ni Suyapa Figueroa, ni Fátima Mena, ni ningún otro diputado del Partido de Salvador Nasralla, que se había comprometido a reformar la Ley que permite que exfuncionarios acusados o condenados por actos de corrupción puedan salir libres, cumplieron con su promesa de hacer algo para no seguir promoviendo la impunidad.