La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre sugirió hoy al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra La Mujer (CEDAW) que recomiende al Estado de Honduras, una serie de medidas, entre ellas, eliminar la prohibición del uso y venta de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y aprobar el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.
La Defensora del Pueblo señaló que, a más de 8 meses de la toma de posesión de la nueva administración, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) sigue siendo prohibida en el país.
Explicó que la prohibición de la PAE, tiene como consecuencia que aún siga sin aprobarse el Protocolo de Atención a Víctimas y/o Sobrevivientes de Violencia Sexual, presentado desde el año 2017
Honduras ha retrocedido con relación a los derechos sexuales y reproductivos
La titular del CONADEH también informó a la CEDAW que, en enero de 2021, el Congreso Nacional reformó el artículo 67 constitucional incorporando la prohibición absoluta del aborto.
Indicó que ese mismo año, CONADEH recomendó y recordó al Congreso Nacional, que el Estado de Honduras debe tomar en cuenta las múltiples recomendaciones internacionales que ha recibido para la despenalización del aborto.
El 8 de marzo de 2022, CONADEH presentó un Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional, relacionado con el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Plataforma Somos Muchas, en contra del decreto legislativo relativo a la prohibición absoluta del aborto en el país.
“El CONADEH ha observado con preocupación que, en relación a los derechos sexuales y reproductivos el Estado de Honduras ha retrocedido en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales ante la CEDAW”.
Actualmente el recurso de inconstitucionalidad tiene 14 meses de haber sido admitido por la Sala de lo Constitucional, sin que exista respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, sugirió a la CEDAW que exija al Estado de Honduras una respuesta pronta al Recurso de Inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional e interpuesto por la Plataforma Somos Muchas en contra del Decreto Legislativo No. 130-2017 del Código Penal, artículo 196 y en contra del artículo 1 del Decreto 192-2020 que reforma el artículo 67 de la Constitución, ambos relativos a la prohibición absoluta del aborto en el país.