El gobierno de Honduras amplió el estado de excepción que entró en vigor el 6 de diciembre de 2022. El estado de excepción estará vigente por otros 45 días más, a partir del 6 de enero de 2023 hasta el lunes 20 de febrero, e incluirá 73 municipios adicionales en todo el país.
Durante este tiempo, habrá restricciones a la libertad de movimiento y otros derechos en los vecindarios nombrados, según el decreto.
El diputado Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional (CN), dijo que que las ciudades de Juticalpa y Catacamas, del departamento de Olancho están incluidas en el programa de estado de excepción porque son lugares con mayor incidencia criminal y delincuencial de Honduras.
La Policía asignada al departamento de Olancho a reportado que con la aplicación del decreto de excepción se han detenido a varias personas por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, también por consumo de marihuana y microtráfico del alucinógeno empacado en bolsitas de plástico, por uso se fatigas militares que los albañiles adquieren para trabajar y por riñas y amenazas de muerte.
La Policía Nacional actúa sin la necesidad de poder contar con una orden judicial, sin darles oportunidad a las personas que puedan desaparecer, en caso de que anden en acciones ilícitas, en narcotráfico, sicariato, abigeato, asalto, secuestros y delitos contra la flora y fauna y otros.
Tras la extensión del estado de excepción en Honduras las autoridades de la Secretaría de Seguridad incluyeron a esta medida diferentes zonas del país por lo que ya se suman 73 municipios. Incluidos en Olancho Dulce Nombre de Culmí y Patuca.
La extensión del decreto fue publicada en la última edición del Diario Oficial la gaceta, el gobierno de Honduras publicó el 5 de diciembre del 2022 un decreto legislativo sobre estado de excepción para controlar el repunte de la extorsión se fijó su vigencia, inicialmente entre el 6 de diciembre y el 6 de enero del 2023 el decreto incluye la grave perturbación de la paz y la seguridad, la consumación de delitos de extorsión asesinato robos tráfico de drogas y secuestros así como la suspensión de algunas garantías establecidas.
Para nadie es desconocido la presencia de carteles de la droga en la mayoría de los municipios de Olancho, los autores de los últimos asesinatos y masacres ocurridas en Juticalpa y en Catacamas no han sido capturados porque no existe investigación imparcial en los casos.
El estado de excepción se rige mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM 20-2022 y suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
Limitar derechos constitucionales que además están garantizados en los tratados internacionales supone un riesgo enorme a que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad.
La larga tradición del uso de la fuerza y la “mano dura” como método de orden social muestra que limitar garantías constitucionales y recurrir al despliegue masivo de las fuerzas de seguridad no son respuestas sostenibles que aborden las causas estructurales del problema.
En Olancho se detiene a cualquier ciudadano por el simple hecho de reclamar su derecho a circular libremente, se encierra a trabajadores de la albañilería porque no quieren entregar la indumentaria militar que usan para «batir mescla», y quedar sin ropa en plena calle donde se monta un operativo policial, y para esclarecer o oscurecer el propósito del Estado de Excepción, en un alto porcentaje los ciudadanos consultados por este medio, reclaman que aún no hay jefes de carteles de narcotraficantes o lideres de las organizaciones criminales como la trata de personas detenidos y en juicio en los tribunales de Juticalpa y Catacamas.