El Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó este miércoles a que Venezuela “respete plenamente el debido proceso, y a que adopte medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, en relación con los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo año.
Volker Türk subrayó que los próximos procesos electorales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos, e instó a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos.
“Los informes sobre obstáculos a la libre participación en asuntos políticos, incluida la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición para ejercer cargos públicos, deben abordarse con urgencia”, enfatizó.
De igual forma, aseguró que la dependencia a su cargo vigila la evolución de los acontecimientos en torno al nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, el Alto Comisionado informó que las autoridades venezolanas continúan facilitando las visitas a los centros de detención civil y las entrevistas con los detenidos al personal de su Oficina, que también pudo visitar dos centros de detención militares.
Además, tuvieron acceso a trece expedientes de la fiscalía y a tres audiencias judiciales, y mantuvieron intercambios directos con los fiscales, lo que permitió formular recomendaciones precisas para que las investigaciones y los juicios se ajusten más a las normas internacionales de derechos humanos.
El Alto Comisionado calificó como “un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas” que Venezuela firmara un Memorando de Entendimiento con la fiscal de la Corte Penal Internacional para establecer una presencia en el país.
Además, señaló que el número de homicidios documentados cometidos por agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo.
“Los informes oficiales indican que en 2022, 362 funcionarios fueron acusados, y 47 condenados por tortura y malos tratos. La Oficina ha recibido información sobre otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas y sus representantes desde 2018, y ha instado a las autoridades a que garanticen un seguimiento adecuado, sin excepciones y con total transparencia”, añadió.
Por otra parte, Türk hizo referencia a los retrasos prolongados en la investigación de las muertes ocurridas durante protestas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. “De las 101 muertes que mi Oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad, solo ocho han sido llevadas a juicio”, detalló.
También reiteró su llamamiento para que se ponga en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
El Alto Comisionado señaló la importancia de que las autoridades apliquen las recomendaciones relativas al pleno disfrute del espacio cívico.
La Oficina documentó amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, miembros de partidos de oposición, incluidos 67 incidentes en los que presuntamente estuvieron implicados funcionarios del Estado.
También continúan las restricciones a la información pública, así como a las libertades de opinión y expresión. “La Oficina sigue documentando casos de restricciones indebidas al registro de ONG que trabajan en cuestiones de derechos humanos”, explicó.
En este sentido, Türk declaró que Venezuela debe reformar la legislación para adaptarla a las normas internacionales, con el fin de reforzar la libertad de asociación.
Durante el periodo que abarca el informe continuaron las protestas, a menudo centradas en reivindicaciones de derechos económicos y sociales, como mejores condiciones de trabajo y salarios, señaló el Alto Comisionado.
En este sentido, hizo referencia a varios casos de detención de dirigentes sindicales y de dirigentes campesinos al protestar por derechos laborales o denunciar la corrupción.
“Todos los venezolanos tienen derecho a reunirse pacíficamente. Pido al gobierno y a las organizaciones patronales que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con sindicatos y trabajadores”, declaró.
“Se necesitan medidas para proteger a estos líderes rurales e investigar todos estos presuntos delitos”.