Tomado de. VOA (Voz de América)
El gobierno de Nicolás Maduro aumentó los arrestos de disidentes en los meses previos a su juramentación para un tercer mandato y despliega un operativo militar y policial sin precedentes en Caracas, de acuerdo con expertos y organismos internacionales.
La inauguración del tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro está precedida por un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes en Caracas, capital y sede del poder político en Venezuela, y por una nueva oleada de represión de dirigentes y activistas de la oposición, según expertos y reportes de dos organismos internacionales sobre derechos humanos.
Maduro, de 62 años y presidente desde 2013, prevé ratificar este viernes su juramento como jefe de Estado por los próximos seis años, a pesar de que sus opositores y un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, consideran que perdió la elección de julio.
Además, iniciará un nuevo período presidencial en medio de múltiples denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos y políticos de la población y la disidencia, no sólo por parte de expertos en la materia, sino de organismos internacionales.
En Venezuela, se evidenció “un pico represivo” y un “clima de terror” auspiciado por funcionarios del gobierno de Maduro y “la participación, aquiescencia y tolerancia de las instituciones” creadas para resguardar la democracia y los DDHH, concluye la CIDH.
Los gobiernos del chavismo han rechazado los informes y denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país, calificándolos como “panfletos”.
El ejecutivo de Maduro manifestó hace ocho años su voluntad de desvincularse completamente del sistema interamericano de DDHH. Si bien también había denunciado la Convención Americana en 2012, expertos y la misma CIDH han asegurado que esos pasos no afectan la competencia ese organismo para conocer asuntos sobre Venezuela.
Antes de las elecciones de julio, las organizaciones de la sociedad civil venezolana habían documentado detenciones individuales por razones políticas con violaciones al debido proceso judicial y denuncias de condiciones inexcusables de reclusión, pero esos registros han registrado “un incremento” en el último semestre, según el abogado y experto en DDHH Carlos Lusverti.
“Esto se incrementa y, aun cuando han ocurrido varias liberaciones, ello no subsana que esas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias o que sigan estando sometidas a juicios sin las debidas garantías”