Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional.
En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de legitimidad del poder público.
Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desprecio a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Rechazamos toda acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme.
La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.
Hacemos un llamado firme a todas las autoridades colombianas para que actúen con estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos, para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho.