Como hondureña y defensora de la democracia, la abogada Marcela Caro, hizo un llamado al nuevo Congreso Nacional de Honduras, un llamado de alerta pública a la comunidad nacional e internacional ante cualquier intento de negociación política, pacto legislativo o imposición de autoridades desde el Congreso Nacional de Honduras, promovido por la bancada del partido LIBRE, bajo la dirección del cáncer de Honduras José Manuel Zelaya.
Este llamado lo fundamento en documentación judicial PÚBLICA de los Estados Unidos, específicamente en la acusación penal contra Nicolás Maduro Moros, actualmente sometido a procesos ante la justicia estadounidense.
En dicho expediente, citado públicamente por autoridades federales, el numeral 19 establece que Honduras fue señalada como punto estratégico de transbordo del narcotráfico, dentro de una estructura regional sostenida por una cultura de corrupción política, en la cual funcionarios protegían organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos y poder político.
El documento judicial describe cómo estos esquemas operaron en Honduras, Guatemala y México, permitiendo que redes vinculadas al narco terrorismo actuaran con impunidad mientras facilitaban el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.
La acusación es pública, verificable y forma parte de expedientes oficiales del sistema judicial estadounidense.
En ese contexto, todo congresista hondureño que respalde, legitime o ejecute lineamientos políticos que beneficien directa o indirectamente a actores señalados como cómplices de estas estructuras criminales, asumirá responsabilidad política y jurídica individual, y será objeto de escrutinio, documentación y denuncia ante instancias nacionales e internacionales competentes.
El pueblo hondureño rechaza categóricamente cualquier intento de que se quiera someter de nuevo a nuestra patria, con sistemas fallidos que solo han producido miseria, muerte, debilitamiento institucional y pérdida de soberanía a los pueblos.
Honduras no permitirá que intereses personales y estructuras cuestionadas por la justicia internacional vuelvan a condicionar su futuro democrático.
La legalidad, la transparencia y la soberanía nacional no son negociables. La comunidad internacional está debidamente informada.