La reforma constitucional en Nicaragua, aprobada este jueves, vulnera las obligaciones internacionales asumidas por el país, dijo la Oficina de Derechos Humanos que urge al Estado a revisarla.
La reforma propuesta por el presidente Daniel Ortega concentra aún más el poder en la Presidencia, que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, mientras que elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político. Asimismo, la reforma restringe la libertad de expresión y de prensa, elimina el derecho a la huelga, debilita garantías procesales esenciales y elimina la prohibición explícita de la tortura.
El texto fue aprobado de manera unánime por los 91 miembros de la Asamblea Nacional sin ninguna oposición.
Cuando se presentó el Alto Comisionado pidió que se rechazara.
“Volker Turk advirtió en noviembre que los cambios supondrán la muerte de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua, socavando aún más los ya frágiles controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo”, dijo su portavoz.