El secretario de Estado de los Estados Unidos, transmitió hoy, un informe al Congreso requerido por la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, en su versión enmendada, y anunció a 10 personas guatemaltecas, 10 hondureñas, 13 nicaragüenses y seis salvadoreñas identificadas en la versión de este año de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de la Sección 353.
La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica conducen a la inestabilidad e impulsan la migración irregular. La vicepresidenta Harris continúa supervisando la Estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, que prioriza la lucha contra la corrupción y el apoyo al estado de derecho.
Esta lista identifica a las personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, en su versión enmendada, las personas en la lista generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.
Estados Unidos busca apoyar a los centroamericanos en sus esfuerzos por asegurar una región democrática, próspera y segura donde las personas participen y se beneficien del proceso democrático, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de oportunidades económicas y sociales. Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y aquellos que socavan la gobernabilidad democrática.
Hacemos un llamado a todos los líderes, miembros de la sociedad civil, periodistas, el sector privado y la comunidad internacional a unirse a este esfuerzo para fortalecer la gobernabilidad democrática y acabar con la corrupción.
Honduras
Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente $1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico. Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos. Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida. Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos. Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un contrato de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones de sus actos corruptos al intimidar a los periodistas. Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una importante corrupción, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa de construcción controlada por Cachiros. Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas. Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal. Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar.