La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes que continúa deteriorándose la situación de estos en Nicaragua e indicó que el número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a un nivel mayor que en la década de 1980.
Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó que durante los últimos tres meses continuó la degradación de las garantías fundamentales en la nación centroamericana.
“Mi Oficina sigue denunciando detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, que cientos de organizaciones de la sociedad civil están siendo despojadas de su estatus legal y que, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”, alertó.
Citando a fuentes de la sociedad civil, indicó que hay 173 personas que están privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018.
Las 50 que fueron detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, 11 mujeres y 39 hombres, afrontan “condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos” y fueron condenadas a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitadas para ocupar cargos públicos.
“Cuarenta y cuatro fueron condenas por ‘propagar noticias falsas’, ‘menoscabar la integridad nacional’ y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, especificó.
La mayoría de ellas permanecen privadas de libertad en un centro de detención policial donde este año solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, pero no a sus hijos, y se encuentran “en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que las autoridades se rehusarían a brindar”.
La Alta Comisionada reiteró su petición a las autoridades que garanticen la rápida liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y a preservar su integridad física y mental.