Gabriela Moreno | Panampost.com
El dinero en los cuarteles del régimen de Nicolás Maduro fluye a través del presupuesto asignado al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MinDefensa). Sin embargo, a ellos se les suman los negocios ilícitos que avala Miraflores.
“Los militares, al no tener el suficiente presupuesto obtienen recursos por vía del narco, droga, minería, el combustible, secuestros, armas y monopolio de empresas, de manera que la Fuerza Armada tiene un presupuesto ordinario y uno extraordinario”, afirmó la mayor retirada de la Aviación Raynell Martínez, en el foro Pasado, Presente y Futuro de la Fuerza Armada, organizado por el Centro de Estudios Democracia Ciudadana (CEDES), con sede en Estados Unidos, según Diario Las Américas.
Un tercio de los generales del Ejército forman parte de esta cúpula. Se les llama “mili-empresarios”. Son oficiales en servicio activo y/o retirados con empresas privadas.
Una rama poderosa
La revelación de Martínez confirma los datos del Proyecto para la Información sobre Crimen Organización y Corrupción (OCCRP) que reportaron a siete militares en 23 gobernaciones y nueve en ministerios que dirigían al menos 60 empresas estatales». Esos militares constituyen «la esencia del ‘madurismo» y «son hoy más importantes que en ningún otro momento con Hugo Chávez», aseguró Javier Corrales, profesor del Amherst College de Massachusetts citado por Notimérica.
Según el estudio, el Ejército venezolano —la rama más poderosa de la FANB— cuenta con 312 generales activos. Al menos 84 de ellos trabajan con empresas públicas o privadas que figuran en el Registro de Contratos Públicos, a pesar de que la ley venezolana prohíbe expresamente a los representantes públicos tener tratos comerciales con el Estado a través de sus propias empresas.
De estos 84 generales, 35 están en los consejos de administración de compañías privadas, han creado 41 empresas particulares que desde 2004 han ganado unos 220 contratos públicos en sectores como la alimentación, el turismo o el petróleo. A ellos, el OCCRP los llama “el Club de los 35”.
Conviven con la guerrilla
Así se explica que la presencia castrense en la frontera sea “mínima”. Se hace de este modo para facilitar “la convivencia con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional”. Esto ocurre porque “el Estado actúa como un cartel de delincuentes, la soberanía es lo que el régimen establece”.
La mayor Martínez afirmó que “el socialismo del siglo XXI ha hecho que la Fuerza Armada cambie su doctrina y su visión de seguridad” para expandir “la militarización del estado y del régimen militar sobre los ciudadanos”.
La nueva ideología incluye a la Inteligencia y Contrainteligencia, que ahora es en todos los niveles de la población con el auspicio del Sistema Defensivo Territorial que permite a la FANB y las Milicias actuar como un solo frente para establecer “el control a través del miedo a las armas”.
Este Sistema Defensivo Territorial implica además “un conjunto de medidas y actividades patriótico bolivarianas practicadas en tiempo de paz o en situaciones excepcionales en todos los niveles nacional, regional, estatal, municipal, parroquial y comunal, tanto en la lucha armada como en la no armada”.