El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, señaló que la Tasa de Seguridad debe ser investigada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Ministerio Público (MP), al ser cuestión de redes de corrupción.
“Eso es cuestión de la CNBS, TSC y de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), porque esta es una cuestión de redes de corrupción”, declaró Orellana, quien además, indicó que la derogación de la Ley de Secretos obliga a revelar en que está invertido el dinero del “Tasón” de Seguridad.
“La ley da plazos para que ese informe sea presentado a la CNBS, TSC y MP; entonces, si no se ha hecho hay que pedirle al Ministerio Público que proceda criminalmente contra los que no han cumplido con ese deber porque es una infracción a los deberes de los funcionarios”, amplió.
“Aquí el interesado es el Estado y nosotros porque ese dinero se sacó de sus cuentas bancarias, porque de toda operación que se hacía se sacaba un porcentaje para el Tasón, y ese dinero dónde está”, cuestionó.
El Congreso Nacional (CN) derogó la Ley de Secretos del Estado, que protegía documentos de secretarías de Defensa y Seguridad Nacional, entre ellos contratos, datos y objetivos estatales y hasta el “Tasón”, según establecía.
El Artículo 3 de la Ley de Secretos establecía que: “a los efectos de esta Ley podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetivos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de objetivos nacionales”.
El artículo 4 de la también llamada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos contenía que: “para los efectos de esta Ley, pueden ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetivos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de objetivos nacionales”.
La norma fue aprobada en enero del 2014 y declarada como reservada o confidencial cierto tipo de información según la clasificación. Los documentos reservados se protegían por 5 años, confidencial por 10, secreta por 20 y los documentos clasificados como ultra secretos por 25 años.
Con la derogatoria de la ley quedaron desclasificados los presupuestos, documentos y compras del “Tasón”.