La Sala del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional aún no emite su pena concreta contra el presidente de DESA David Castillo por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, la primera audiencia de lectura del fallo señalada para el 4 abril pasado fue reprogramada para el 18 de mayo anterior y luego se trasladó para el 31 de mayo próximo, fecha que nuevamente se postergó para el 16 de junio de 2022.
en tres ocasiones se ha dilatado tan importante notificación en este emblemático caso, cuya pena abstracta oscilaría de 20 a 25 años de reclusión y que el 3 de agosto de 2021 en audiencia de individualización de pena el Ministerio Público solicitó el castigo máximo de 25 años de cárcel, señalando como circunstancias agravantes que el hecho se ejecutó con abuso de superioridad o confianza, por medio de precio o recompensa y cometiendo el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología.
Como se recordará, entre la prueba evacuada en el juicio, que duró dos meses, fue determinante y reveladora la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, para establecer que Castillo Mejía concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
De esta manera, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida demostró la responsabilidad del presidente de DESA en este crimen de impacto perpetrado el 3 de marzo de 2016 en la vivienda de la víctima ubicada en la Residencial El Líbano, La Esperanza, Intibucá, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado) y a su vez éste con otros hechores (condenados).
Es notorio mencionar que la prueba científica y de índole documental y testifical la recabó un equipo multidisciplinario que designó el Fiscal General de la República y que integró la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).
La primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido. Dicho juicio se desarrolló durante cinco semanas y los fiscales presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, con las que se expuso la participación que tuvieron los sentenciados, antes, durante y después del hecho.